En el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación fueron observados 200 millones de pesos en la cuenta del 2020 de Baja California, entonces al mando del morenista Jaime Bonilla, a lo que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contestó que en caso de no ser justificable, presentarán una acción de responsabilidad.
“Recibimos las observaciones que nos hace la ASF independientemente que hayan sido observaciones derivadas de la pasada administración, las tenemos que responder nosotros.
“Ya se están atendiendo estas observaciones, se solventarán las que tengan solvencia o justificación y en aquellas que no y que la auditoría presente la sanción correspondientes se presentarán las acciones de responsabilidad sin duda”, señaló Marina del Pilar.
Del total de los 200 millones de pesos no solventados, 188.5 corresponden al Instituto de Servicios de Salud Pública, a lo que Marina del Pilar quiso atribuir a la falta de preparación económica con la que la pandemia tomó a los gobiernos.
“La pandemia fue algo que nos sorprendió a todos los gobiernos de una u otra manera, no se habían preparado presupuestalmente para una situación como la que se vivió por la pandemia del covid-19 y en ese sentido se tuvieron que hacer en diversas ocasiones compras para lograr atender a la población que tenía este padecimiento”, detalló.
Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas dio a conocer que desde el proceso de alternancia del gobierno, fueron entregadas 38 cuentas con sospecha de irregularidades al órgano interno de control.
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“Al concluir la entrega-recepción nosotros entregamos al órgano interno de control 38 contratos que nos parecieron irregulares y que ahorita están en manos del órgano interno de control precisamente en aspectos relacionados con compras de insumos para la atención de covid.
“El año pasado hubo un decreto donde por ser una emergencia sanitaria se pudieron tener unas atribuciones, muchas dependencias, no nada más salud, para poder hacer compras directas sin licitación. El órgano interno de control está analizando cuáles contratos pueden caer dentro de este decreto o cuáles se tiene que investigar a más profundidad. Tenemos cartas en el asunto”, expresó el funcionario.
