Graciela Pérez se sienta con las nuevas familias de desaparecidos y la angustia se apodera de ella al escuchar sus historias todas diferentes, todas iguales a las de cientos, a la suya.
Los desaparecidos en México podrían sumar la población de una pequeña ciudad. Cuando llegaron los primeros datos oficiales, en 2013, las autoridades hablaban de 26 mil. Seis años después ya eran 40 mil y ahora la cifra del gobierno se acerca vertiginosamente a los 100 mil.
Tan sólo en Tamaulipas se tiene el registro de 11 mil 902 personas desaparecidas o no localizadas, la segunda cifra más alta a nivel nacional sólo detrás de Jalisco (15 mil 917).
Detrás de cada uno hay una familia que sufre y cada semana se suman nuevos nombres.
La inacción de las autoridades hizo que los afectados se unieran para ayudarse mutuamente y así fueron surgiendo colectivos de búsqueda por todo el país.
En Ciudad Mante, Tamaulipas, Pérez fundó Milynali Red cuando en 2012 desapareció su hija Milynali al volver en automóvil desde Houston con cuatro familiares.
Desde entonces su grupo tiene registrados 320 desaparecidos y ha logrado que se identifiquen los restos de 16 personas. Ninguno de los familiares de Pérez ha aparecido todavía, ni vivo, ni muerto.
Además, se han encontrado por lo menos 17 áreas a las que las autoridades llaman ‘centros de extermino’ en diversas ciudades de Tamaulipas, que es en donde los grupos criminales asesinan a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos. Sitios en donde, además, enterraron cadáveres en fosas clandestinas.
Elizabeth Meléndez reconoció que hasta que no desapareció en diciembre su hijo Javier Alexis, un profesor de 26 años, no se había dado cuenta de que “hay otro mundo que no quieres ver pero está ahí enfrente”. Individuos armados lo sacaron de su casa ante los ojos del abuelo inmovilizado con un arma en su cabeza.
La mujer logró comunicarse por teléfono con su hijo que le rogó que retirara la denuncia -que todavía no había interpuesto- y que así lo dejarían ir.
En un sofá contiguo de la sede de la organización, junto a un tendedero de retratos de desaparecidos, Salvador Indalecio Morales relató cómo su hijo Alan regresaba de cortar naranjas con su niño de 7 años cuando desapareció con otras cuatro personas en octubre. En mitad de su discurso señaló una de las fotografías. “Yo conviví con él”, dijo sobre uno de los desaparecidos. En otra pancarta reconoció a un vecino.
A uno de los jóvenes que se llevaron con su hijo lo soltaron unos días después, pero Morales no ha podido cruzar una palabra con él, a pesar de que es su sobrino, porque le advirtieron que si lo hacía sufriría graves consecuencias... en tierra de cárteles, no hacen falta más palabras.
Pese a que existe un protocolo oficial de búsqueda no se aplicó ni con Morales ni con Meléndez. Ninguna autoridad buscó a los jóvenes de forma inmediata tras su desaparición y a Morales ni siquiera quisieron darle una copia de la denuncia.
Prácticas como éstas no son extrañas aunque van contra la ley. A dos horas de Ciudad Mante, en la capital de Tamaulipas, ocurrió algo parecido en enero cuando funcionarios le pidieron a una mujer volver cuando hubieran pasado 72 horas sin contacto con su familiar ya que estaban muy ocupados con otras tres desapariciones.
En Milynali Red también aparecen casos antiguos como el de María Rosario Nava, que lleva una década buscando un cadáver. Su hermana, Norma Elizabeth, desapareció cuando salió a comprar pañales. A los 15 días las autoridades le mostraron las fotografías de un cuerpo con unos tatuajes inconfundibles: era ella. Sin embargo, no le entregaron el cadáver. El Ministerio Público le dijo que estaba incompleto y que tenía que hacer pruebas de ADN.
“Yo le dije (al oficial) ‘a mí póngame lo que usted tenga y yo se la armo’”, suplicó la mujer. Las pruebas genéticas nunca llegaron. El cuerpo tampoco.
Este mes se enteró de que Tamaulipas está tratando de ‘ordenar’ las fosas comunes para trasladar los restos no identificados pero ya procesados a nuevos y modernos panteones donde podrán ser fácilmente ubicados si aparece un familiar y hay una coincidencia de ADN. Fue entonces cuando acudió al colectivo de Pérez a pedir consejo.
Las autoridades mexicanas finalmente han reconocido la magnitud del problema de los desaparecidos, pero persisten los vicios del pasado cuando llegan nuevos casos.
Por eso, con paciencia abrumadora, las familias siguen saliendo a buscar, a sacar huesos de entre las piedras. Es una especie de terapia con la que sienten que están haciendo lo que deben aunque corran riesgo. En julio dos buscadores fueron asesinados: una mujer en Sonora -en el norte- y un hombre en Zacatecas, en el centro del país.
Pérez aseguró que gracias al esfuerzo de las familias ha habido avances, pero el problema está lejos de resolverse.
“Sigue habiendo desapariciones lo que significa que la inseguridad y lo que yo llamo complicidad, omisión o colusión de los gobiernos con grupos delincuenciales no se acaba... lo cual me parece aterrador”.
— Graciela Pérez
