En ‘fast track’, y con denuncias de “albazo legislativo” por parte de la oposición, la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato no es propaganda.
A través del mismo se reinterpreta el concepto de Propaganda Gubernamental a fin de permitir que servidores públicos puedan difundir la revocación de mandato, “al considerarse información de interés público que no constituye propaganda”.
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Se avaló por 268 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, y 213 en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC.
El proyecto suscrito por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna; el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, y el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Rafael Llergo, busca que no haya lugar a interpretaciones por parte del INE, cuyas autoridades recientemente prohibieron difundir el tema de la revocación en redes sociales.
El decreto establece que se entenderá como propaganda gubernamental, “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.
Asimismo, se advierte que: “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.
Al presentarla en tribuna, Gutiérrez Luna señaló que la propuesta aclara que la propaganda gubernamental está relacionada con el uso de recursos públicos.
“Es decir, que en las vedas donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, debe ser entendida ésta en el uso de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda. Y que esta limitación no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos”.
Argumentó que con ello se privilegia el acceso a la información de interés público y el derecho a la libertad de expresión, pues actualmente “hay una distorsión” de los órganos electorales “quienes han llegado al absurdo”, porque violentan garantías de derechos humanos.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, interpuso una moción suspensiva. Recordó que la prohibición de cambiar la ley electoral 90 días antes de un proceso no es legal, toda vez que la propuesta “se presenta a menos de 30 días de la consulta de revocación de mandato”. “Detengamos esta violación flagrante”, sentenció previo a que su moción fuera rechazada.
La diputada perredista, Elizabeth Pérez, aseveró que el decreto “es una violación directa a los órganos constitucionales, en particular a los principios democráticos”, y calificó de “absurdo” que se haya presentado el dictamen en calidad de urgente resolución “ya que no se acredita como tal”.
La diputada priista Yolanda de la Torre, criticó a Gutiérrez Luna por haber bajado, como diputado, a presentar la propuesta de decreto, y después vuelto a subir como presidente.
“No puede usted violar el procedimiento, cambiaron el orden del día, lo que usted acaba de hacer no es ético y no es moral. Lo que hoy está pasando es un mal precedente, meter esta iniciativa no habla bien de usted, pero tampoco de todos los diputados”, declaró.
Por parte del PAN, el diputado Humberto Aguilar dijo que la “desvergonzada maniobra parlamentaria” viola la Ley de Revocación de Mandato y la Ley General de Revocación de Mandato, mientras que Santiago Torreblanca, del mismo partido, advirtió que con el decreto se establece que si no viene de una partida específica destinada a la propaganda gubernamental, “no se considerará tal, y entonces una persona pueda usar una oficina pública, cámara pública, medios públicos para exaltar a su figura, su persona, atacar a sus adversarios, y con eso afectar la equidad de la contienda”.
“Ojo, esta interpretación no únicamente tendrá efectos para la revocación del mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales se lleve a cabo estar interpretación y que por lo tanto un gobernador pueda usar los medios de comunicación del estado, el área de comunicación social y todos los recursos que estén expresamente etiquetados para exaltar a su figura y a sus candidatos”, aseveró.
