A solo cuatro semanas de la consulta de revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a los diferentes funcionarios públicos que han optado por promocionar el ejercicio a respetar la ley, pues con estos actos contribuyen a inhibir la participación democrática.
“Hemos detectado que lamentablemente algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas para este proceso tanto en la Constitución como en la ley federal de la materia”, dijo a través de un video.
Al respecto, Córdova Vianello señaló que la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo ha recibido un total de 80 quejas relacionadas con esta situación, por lo que se han emitido 12 medidas cautelares en favor de la revocación de mandato.
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“Vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente, por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo”, detalló.
Con un avance en la difusión de la consulta, la impresión de las 92 millones de papeletas y la capacitación de 660 mil personas, el consejero presidente del INE resaltó la importancia de los ciudadanos, al mismo tiempo que pidió a lo actores políticos no “caer en las trampas” que se inclinen por una postura política.
“Exhorto a los funcionarios a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía; la gente no quiere más trampas, por ello les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles de personas”, precisó.
Recientemente la discusión entre representantes de Morena y los funcionarios del INE ha escalado, luego de que el órgano electoral pidiera retirar espectaculares que promueven la consulta y retirar la carta de gobernadores de la 4T en la que respaldan a AMLO, cuando se vive un proceso de veda electoral.
En respuesta, la Cámara de Diputados avaló en “fast track” que no constituyen propaganda política los dichos o actos de funcionarios, mientras no intervengan recursos públicos.
