LA PAZ, Bolivia (AP) — El uso de mercurio en la minera y su tráfico hacia Perú, Brasil y Colombia, donde está prohibido, le ha merecido a Bolivia fuertes cuestionamientos por parte de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que han llamado a las autoridades bolivianas a honrar compromisos internacionales.
“Vemos con gran preocupación no una reducción (del uso de mercurio) sino un aumento del contrabando, lo que echa por tierra los compromisos del Estado boliviano y los esfuerzos de otros países de la cuenca amazónica”, dijo el Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas Marcos Orellana durante una audiencia virtual celebrada entre el lunes y martes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedido de organizaciones de la sociedad civil de Bolivia.
En dicha audiencia, la CIDH demandó explicaciones al gobierno boliviano sobre “las medidas que está adoptando” y “las razones del aumento de la importación de mercurio que se ha cuadriplicado en la última década», sostuvo el comisionado de la CIDH Joel Hernández. “No se trata de impedir la minería sino de buscar que sea conducida según principios del desarrollo sustentable”.
El mercurio es tóxico para la salud y el medio ambiente. Su uso y comercio están prohibidos en la mayoría de los 140 países que firmaron el Convenio de Minamata en 2013, entre ellos Bolivia. Se emplea para separar y extraer el oro de las piedras y es ampliamente utilizado por la minería artesanal y más recientemente por empresas que operan con enormes dragas en ríos y reservas naturales de la Amazonia boliviana.
“Es preocupante el uso del mercurio, pero es muy difícil sustituirlo. Hay tareas que debemos realizar”, dijo en la audiencia el director de Medio Ambiente del Ministerio de Minería de Bolivia, Fausto Vélez. “Se han rechazado licencias para operar. El uso sobre todo se da en la minería ilegal y no hay estudios al ser una actividad ilegal”, explico el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera.
La CIDH recordó que quedan tres meses para que Bolivia apruebe un plan de acción con “medidas y plazos” para honrar el convenio. Herrera dijo que una “ruta crítica demanda dos años” pero “esperamos implementarlo el próximo año”.
A nombre de la sociedad civil, el investigador Oscar Campanini cuestionó que Bolivia esté entre los principales importadores de mercurio en el mundo con 192 toneladas anuales cuando su requerimiento es de 60 toneladas y que el Estado no haya aprobado un plan de acción para frenar su uso y comercio. Hay denuncias de activistas de que el excedente es contrabandeado a Perú, Brasil y Colombia, donde está prohibido.
El investigador colombiano Jesús Olivero dijo que estudios de monitoreo hallaron “resultados preocupantes” de concentraciones de mercurio por encima de lo normal en poblaciones indígenas del río Beni, en el noreste de Bolivia, cuya dieta está basada en el consumo de pescado. La CIDH ha pedido estudios más específicos.
“El extractivismo, la deforestación y la minería se ha intensificado con total exclusión de los pueblos indígenas para favorecer a grupos de interés económico y político”, denunció la dirigente indígena Ruth Alípaz.
