En lo que va del 2022, en Zacatecas se han registrado 15 asesinatos de oficiales de policía, mientras que en el 2021 se contabilizaron 37. Además, existe un déficit del 42 por ciento de elementos de seguridad municipal, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En dicho contexto, elementos de policía de Zacatecas iniciaron un paro laboral la mañana del 19 de marzo y concluyó el día 20, tras lograr la destitución de tres mandos: José Anciano Medrano, subsecretario de Seguridad Pública e Inteligencia Policial; Israel Reyes García, director de la corporación y Lisbeth Takahashi Castañeda, jefa de la División de las Fuerzas Estatales; de quienes denunciaron corrupción y malos tratos.
Los policías denunciaron que dichos mandos imponen sanciones y castigos a los elementos de seguridad, además de darles un trato y salario diferenciado en comparación con decenas de policías ex federales que hoy son parte de la corporación estatal.
En dicha problemática, explicaron los policías protestantes, hay corrupción, puesto que los ex elementos federales no aprobaron los exámenes de control y confianza y aún así tienen un espacio en la corporación.
Asimismo denunciaron una crisis de renuncias entre los elementos estatales, pues los últimos dos años pasaron de ser mil 250 policías en la corporación, a 800, de los cuales 200 son los ex federales a quienes acusan de corrupción y solamente 600 se tratan de ‘policías civiles de carrera’.
Tras reunirse con el secretario de seguridad de Zacatecas, Adolfo Marín, se accedió al cumplimiento de 7 de los 10 puntos que los policías contemplaron en el pliego petitorio, entre los cuales incluyeron la destitución de los tres mandos.
Además, el funcionario estatal de seguridad se comprometió a entregar en breve 600 nuevos chalecos antibalas a la corporación, y en un plazo no mayor a 10 días, uniformes nuevos.
Otros de los puntos del pliego a cumplimentar es la mejora del servicio alimentario de la corporación, el trato igualitario entre los policías estatales de carrera y los ex federales, el respeto al nombramiento de comandantes que ya ostenten el cargo, permisos económicos que contempla la ley y no represalias por la manifestación.
