CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes el grupo internacional que investiga el caso.
Los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe —el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario.
El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso.
También indica que el ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.
Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares.
El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes.
Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.
Los expertos mostraron videos de un dron entregados por la Secretaría de Marina donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.
Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas.
Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el ejército había dicho que en ese lugar no había nada.
El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió.
La existencia de tortura, corroborada por la CIDH y la ONU, llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas. Ahora el grupo tuvo acceso a 60 videos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática.
El entonces jefe principal de la investigación, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada. México ha pedido su captura y extradición pero todavía está pendiente.
Sobre el móvil, no hay nuevos datos. El anterior gobierno barajó que se confundió a los estudiantes con delincuentes o que estaban infiltrados por el crimen, pero este punto no se ha probado. La actual fiscalía general dijo en 2020 que todo se enmarca en el tráfico de drogas y la protección que el cártel local tenía de los funcionarios. Autoridades mexicanas y estadounidenses tienen documentado el tráfico de heroína de Iguala a Chicago en autobuses como los que intentaron tomar los estudiantes. Los expertos de la CIDH denunciaron la existencia de un autobús que podía ser sospechoso de tal tráfico pero esta línea nunca se investigó y los archivos militares no tienen información al respecto.
Los padres de los estudiantes denunciaron que se quiso cerrar en falso el caso e insistieron en investigar al ejército. Con la llegada al poder de López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a militares. El anuncio tuvo una gran carga simbólica, dado el cada vez mayor poder que ha dado el presidente a las fuerzas armadas, pero sólo se ha informado de un militar capturado. La relación de los padres con el mandatario se ha tensado ante la falta de respuestas.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.
El grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain y que lleva investigando el caso desde 2015, aseguró que ahora la colaboración de las autoridades es mayor, pero que sigue habiendo bloqueos. La Marina, por ejemplo, negó al fiscal encargado del caso la existencia del video del dron que sí les facilitó a ellos.
