CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieron el jueves en medio de desacuerdos sobre una reforma eléctrica que busca limitar las plantas de energías renovables de construcción extranjera y conceder una cuota de mercado mayoritaria a la empresa estatal de México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo un encuentro con el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, pero no pareció dispuesto a dar marcha atrás en su propuesta, que está varada en el Congreso.
“Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico», señaló López Obrador en sus cuentas en redes sociales.
Aunque no abordó las diferencias, el mandatario pareció ofrecer a las compañías extranjeras la oportunidad de invertir en un plan para construir plantas de licuefacción de gas natural en el sur de México, para exportar GNL presumiblemente a Europa o Asia.
México tiene que importar gas, ya que no produce suficiente para cubrir sus propias necesidades, y menos aún para exportar, por lo que el plan implicaría el bombeo de gas natural desde Estados Unidos a los puertos del sur de México, su enfriamiento, licuación y carga en barcos.
“Hay muchas posibilidades de inversión», apuntó López Obrador antes del encuentro con Kerry. “Tenemos exceso de gas por las compras a través de los gasoductos (de gas estadounidense), tenemos tierras, tenemos puertos en Salina Cruz, Coatzacoalcos”.
López Obrador ha prometido seguir adelante con los cambios en la industria de la energía eléctrica a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos de que podrían cerrar los mercados, asfixiar la competencia y posiblemente violar el pacto de libre comercio a tres bandas entre las dos naciones y Canadá.
Katherine Tai, Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dijo el jueves a senadores en Washington que estaba “profundamente preocupada por los avances legislativos y regulatorios en la industria energética mexicana que hemos visto en los últimos meses. Mi equipo y yo en el USTR, además de gran parte del gobierno estadounidense, hemos expresado estas preocupaciones de forma regular y directa a nuestros homólogos en el gobierno mexicano”.
Según Tai, las empresas energéticas y los ambientalistas “se han unido al expresar su preocupación sobre lo que está ocurriendo en México, en especial con respecto a la competitividad del mercado energético norteamericano, además de a la competitividad de la propia industria energética mexicana”.
Los cambios en legislativos beneficiarían a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de propiedad estatal, frente a los productores extranjeros, algo prohibido en el pacto de libre comercio de América del Norte (USMCA por sus siglas en inglés).
“He informado a México y les aseguro que en el USTR estamos estudiando todas las opciones posibles en base al USMCA para abordar esta situación, para que el USMCA pueda funcionar para nuestros socios y proteger el medio ambiente en los tres países», agregó Tai.
Ron Wyden, senador demócrata por Oregon, afirmó que México está “considerando leyes para concentrar el mercado y la autoridad reguladora en manos de la empresa eléctrica estatal. Esto podría significar un mayor enfoque en los combustibles fósiles con oportunidades limitadas para los proveedores de energías limpias».
“Por ello, las nuevas reformas de México son un golpe o dos contra el progreso medioambiental en América», añadió Wyden. “No solo es un retroceso en la lucha contra la crisis climática, sino que niegan a las empresas estadounidenses en el Pacífico noroeste, por ejemplo, un trato justo en el mercado mexicano».
Tras una reunión en febrero, Kerry expresó “importantes preocupaciones» sobre el proyecto de ley, pero López Obrador respondió asegurando que los cambios propuestos no afectaban al tratado “en absoluto”.
Las compañías estadounidenses se han quejado de los cambios constitucionales propuestos en octubre. La modificación legislativa sigue en el Congreso mexicano, donde López Obrador necesita una mayoría de dos tercios que aún no tiene para su aprobación.
Las modificaciones garantizarían una cuota de mercado mayoritaria para las centrales eléctricas estatales, que suelen quemar fuel o carbón, mientras que limitarían las plantas eólicas, de gas natural y solares privadas a una parte minoritaria del mercado.
Muchas de las empresas estadounidenses que operan en México han invertido en centrales eléctricas más limpias o dependen de la energía que producen, que es más barata.
Pero la querencia de López Obrador por los combustibles fósiles es también un factor subyacente. A menudo recuerda con nostalgia su juventud en el estado de Tabasco, una rica región petrolera del Golfo de México, y ha impulsado la inversión en refinerías de petróleo. Estas suelen producir fuel-oil sucio, que debe quemarse en las centrales estatales porque pocos otros compradores lo demandan ya.
El proyecto de ley de octubre cancelaría los contratos por los que 34 centrales privadas venden energía a la red estatal. Además, declara “ilegales” otras 239 que venden directamente a clientes corporativos. Casi la mayoría de ellas funcionan con energías renovables o gas natural.
La medica cancelaría también muchos contratos de suministro energético a largo plazo, así como programas de compra preferente de energías limpias, lo que afectaría a empresas extranjeras.
Esto deja a las centrales privadas de gas natural casi las últimas, solo por delante de las de carbón gubernamentales, en cuanto a derechos de venta de electricidad a la red, a pesar de que la producen cerca de un 24% más barata.
