El Salvador prohíbe a los medios de comunicación reproducir los mensajes de las pandillas

La Asamblea Legislativa ha aprobado dos reformas que prohíben la difusión de «mensajes, señales, denominaciones o propaganda» referentes a las pandillas, una iniciativa vista como censura por opositores políticos y organizaciones en defensa de la libertad de prensa pero que el presidente, Nayib Bukele, ha defendido equiparándola con las leyes alemanas contra el nazismo.

El paquete de cambios promovido por el Gobierno afecta a la ley que prohíbe las maras y al Código Penal, de tal forma que pasan a castigarse con entre diez y quince años de cárcel la difusión o reproducción en medios de comunicación de mensajes elaborados por grupos armados y «que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general».

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Asimismo, se castigará «cualquier forma de expresión visual» alusivo a las pandillas, lo que por ejemplo afectará a los grafitis, también con penas que pueden alcanzar los quince años de cárcel, según el diario ‘La Prensa Gráfica’.

Human Rights Watch (HRW) ha tachado de «graves» los cambios, mientras que la Asociación de Periodistas del Salvador considera que se trata de una «reforma mordaza» que amenaza la libertad de prensa en el país centroamericano, a merced de lo que pueda dictar el Gobierno de Bukele.

Sin embargo, el presidente, que ya durante estos últimos días ha insistido en que hará caso omiso a quienes cuestionan éstos y otros cambios. «Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos», ha subrayado.

El presidente ha equiparado los límites a la difusión de los mensajes a «cuando los alemanes querían erradicar el nazismo» y «prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo».


Entonces, ha añadido, «nadie dijo nada, era entendible que fuera así». «Ahora nosotros haremos eso con las pandillas», ha zanjado Bukele en su cuenta de Twitter.

El Gobierno enmarca los últimos cambios dentro del estado de excepción impuesto el 27 de marzo para combatir a las maras tras una ola de violencia que dejó decenas de muertos. En poco más de diez días, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han detenido a casi 7.000 presuntos pandilleros.

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