Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que su administración está “marcando pautas” en políticas públicas para atender el tema del desplazamiento forzado. El gobernador de Michoacán resaltó la atención que se le dio a 160 familias, oriundas de 40 municipios de la entidad, que se encuentran desplazadas en 20 albergues de Tijuana, Baja California. Sin embargo, esta crisis representa un reto mayor, en la última década se contabilizan cerca de 400 mil desplazados por la violencia.
El mandatario estatal refirió que el apoyo es producto de una comisión interinstitucional que acudió a Tijuana para levantar una base de datos sobre los michoacanos que se encuentran en albergues, y con la que se busca que comiencen a regresar.
Las autoridades del estado indicaron que los siguientes pasos a seguir serán medidas emergentes traducidas en ayuda humanitaria, salud, educación y empleo que den paso a un apoyo formal por parte de los gobiernos de Michoacán y Baja California.
Los acercamientos y atención a los desplazados son encabezados por la Secretaría del Migrante (Semigrante) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatales. De acuerdo con el diagnóstico de las 160 familias desplazadas en Tijuana, el 57% lleva más de un año y medio viviendo el albergues, lo que según los funcionarios del gobierno estatal en turno, es el resultado del abandono histórico en Michoacán.
Más de una década de violencia y desplazados
Dede 2006, cuando Felipe Calderón declaró la Guerra contra el narcotráfico, el territorio michoacano ha sido un escenario de disputas violentas entre distintas organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Correa, Los Viagras y Cárteles Unidos, por mencionar algunos, mismos que han provocado el desplazamiento de cientos de miles de michoacanos.
Estimaciones de la prensa y organizaciones internacionales basadas en estudios y cifras del Consejo Nacional de la Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calculan que entre 2010 y 2021 la cifra de desplazados rebasó los 400 mil desplazados.
De acuerdo con el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre julio de 2020 y febrero de 2021, más de 3 mil 500 familias fueron desplazadas en Michoacán.
En 2020 el CMDPDH documentó que mil 49 personas fueron desplazadas por la violencia de las disputas de grupos criminales como el CJNG, Los Viagras y Cárteles Unidos en los municipios de Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán.
En diciembre 2021, el gobernador Ramírez Bedolla, reconoció que, hasta entonces, se tenían contabilizados cerca de 3 mil michoacanos que se habían desplazado hacía la zona de la frontera. No obstante, la titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Brenda Fraga, declaró ese mismo mes que la cifra de desplazados en la entidad durante 2021 fue de, al menos, 20 mil personas.
A pesar de que el 9 de febrero de 2022 el Ejército logró recuperar 43 localidades de la región de Tierra Caliente, además de la cabecera municipal de Aguililla, la cual había sido ocupada por más de nueve meses por el CJNG, los desplazados de comunidades como El Aguaje encontraron remanentes de la violencia al volver a sus hogares y parcelas, donde el miedo de morir por una de las minas antipersonales que los cárteles sembraron se mantiene latente.
La violencia del crimen organizado no solo se concentra en la región de Tierra Caliente, pues en el oriente del estado, donde existe una mayor presencia de organizaciones como La Familia Michoacana y Los Correa también hay desplazados.
En el municipio de Zinapécuaro, donde el 27 de marzo un comando armado asesinó a 20 personas en un palenque clandestino, familias enteras han abandonado sus hogares con rumbo a destinos como Estados Unidos y Canadá por el hostigamiento y las extorsiones que ejercen las organizaciones criminales.
