La diputada local del PAN, América Rangel, presentó una iniciativa para crear la Ley de los Derechos de la Persona no Nacida en la Ciudad de México, con la cual se dota de protección jurídica a los fetos y embriones, incluso para recibir herencias, y también se abre la puerta para evitar los abortos.
Esta iniciativa define a una persona no nacida como “al ser humano que se encuentra en proceso de gestación, a partir de su existencia como feto o embrión”.
Es aquí en donde se abre la puerta al aborto, pues la propuesta estipula que el ejercicio de los derechos del no nacido implica, de manera ineludible y conjunta, “el derecho de las mujeres a decidir, sin establecer el carácter absoluto de un derecho fundamental frente al otro”.
Lo anterior quiere decir que el derecho a la interrupción legal del embarazo, antes de las 12 semanas de gestación, no estaría por arriba del derecho del no nacido y viceversa. Ademas, el artículo Sexto transitorio de esta propuesta estipula que “se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto”.
De acuerdo a esta propuesta, las personas no nacidas tendrán protección jurídica, social, de salud, laboral e incluso hasta podrían recibir una herencia, legado o donaciones y quien o quienes ejerzan la patria potestad serán sus legítimos representantes, teniendo la administración legal de los bienes que reciban.
En redes sociales esta iniciativa ha generado opiniones divididas. Por un lado hay quienes celebran que se reconozca a los no nacidos; sin embargo, otras personas opinan que se debe priorizar y velar por los derechos de las personas que ya nacieron.
Cabe recordar que en septiembre de 2021, cuando se despenalizó el abortó en todo el país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron, en primera, que no corresponde a ninguna legislatura local ni a los ministros fijar el origen de la vida humana, en especial ante la ausencia de consenso científico.
De igual forma, señalaron que es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter; “sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas”, tal y como lo propone esta iniciativa.
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