CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió el martes a México una política de prevención de este fenómeno “generalizado”, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan «ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública, ya que —según el organismo— han sido señalados por graves violaciones a los derechos humanos.
Al presentar un informe en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, enfatizó que para empezar a combatir una impunidad que es “casi absoluta” y “estructural”, las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del estado, incluidas la complicidad u omisión, en casos de desapariciones efectuadas por el crimen organizado.
Asimismo, abogó por abandonar la “política de militarización” de la seguridad pública porque según señaló se ha demostrado “insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos» e instó a que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo civil.
El gobierno mexicano, en un comunicado, agradeció el trabajo del comité y dijo recibir sus recomendaciones “respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”.
El informe presentado en la jornada es fruto de la visita de dos semanas que el comité hizo a México en noviembre, el primer estado señalado por graves violaciones que se abre a este tipo de escrutinio de los expertos internacionales.
México es un país con casi 100.000 desaparecidos —el 98% desde 2006 cuando empezó la guerra frontal contra el crimen organizado— y una enorme crisis forense, ya que 52.000 restos de personas en morgues y fosas comunes de panteones están sin identificar.
El Comité también hizo un llamado al gobierno mexicano para que elimine los obstáculos en la persecución penal de las desapariciones forzadas, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes —muchos de ellos objeto de prácticas de “retorno y abandono” a su suerte— y aborde la crisis forense porque según indicó no existe una política pública de identificación humana, ni los registros o bases de datos adecuadas.
Pidió además una “coordinación sistemática y efectiva” de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas y que se cumplan las leyes que ya existen en todos estos campos pero que no se han puesto en marcha.
