LVIV, Ucrania (AP) — Iryna Venediktova tiene un solo objetivo: Hacer que Vladimir Putin y sus fuerzas paguen por los crímenes cometidos en Ucrania.
Si bien hay tribunales en todo el mundo que esperan pedir una rendición de cuentas a Rusia, el grueso de las investigaciones, y probablemente la mayor parte de los juicios, tendrán lugar seguramente en Ucrania. Y la fiscal general de Ucrania encabeza esos esfuerzos.
Para Venediktova, es un asunto personal.
“Mi deber es proteger los intereses de los ciudadanos de Ucrania. Y ahora veo que no puedo proteger a todos estos chicos muertos”, comentó. “Es algo muy doloroso para mí”.
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Este despacho es parte de una investigación de la Associated Press y de Frontline que incluye la experiencia interactiva War Crimes Watch Ukraine y un documental de próxima difusión.
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La primera mujer nombrada fiscal general de Ucrania, Venediktova habla con firme determinación, salpicada con apuntes divertidos. Encara su tarea con una ética laboral implacable.
Ex profesora de derecho de 43 años, se muda constantemente y los vestidos y demás atuendos de siempre fueron reemplazados por uniformes de fatiga verde oliva y chalecos antibalas. Come apresuradamente en un auto… cuando come. Empieza su jornada temprano y la termina tarde.
Su dependencia ya inició 8.000 investigaciones sobre la guerra e identificó a unos 500 sospechosos, incluidos ministros, militares y propagandistas rusos.
“La principal función de las leyes es proteger y compensar. Espero que podamos hacerlo, porque en estos momentos esas son solo palabras bonitas, no se cumple con las leyes”, declaró Venediktova. “(Pero) Son palabras muy lindas y quiero hacerlas cumplir”.
Se pasa el día hablando con funcionarios extranjeros y con donantes, tratando de coordinar esfuerzos y de conseguir apoyo. Va de ciudad en ciudad, visitando campamentos de refugiados y cruces fronterizos donde instaló fiscales que escuchan las historias de la gente y las convierten en hechos y en evidencia antes de que desaparezcan.
Las entrevistas pueden tomar horas. Sentados frente a sus laptops, los fiscales esperan que la gente seque sus lágrimas para preguntarle acerca de los bombardeos, las armas usadas, los uniformes, las insignias de los soldados. Esta información es el primer eslabón en la cadena de responsabilidades que Venediktova espera lleve hasta la cúpula del gobierno ruso.
Un día reciente, visitó la oficina de Lviv donde Ala, de 34 años, se sienta con los fiscales y explica cómo fue que perdió su casa. No quiere que se use su apellido porque su hija de ocho años permanece atrapada en territorio controlado por Rusia. Ala promete regresar con un fragmento del proyectil de mortero que destruyó su departamento en Vorzel, una localidad a pocos kilómetros de Bucha. Se llevó ese pedazo de metal como recordatorio del drama al que sobrevivió. Y como evidencia.
“Necesitamos pruebas para que se los castigue”, afirma. “Tengo suerte. Todavía estoy aquí para hablar de lo que me pasó”.
Cuando el presidente Volodymyr Zelenskyy designó a Venediktova en marzo del 2020, ella heredó una dependencia en torno a la cual giraban denuncias de corrupción e ineficacia, además de un código legal que según expertos necesita muchas reformas.
Ella se presentó como una reformista. Miles de fiscales fueron despedidos por no satisfacer ciertos niveles de integridad y profesionalismo, por lo que no cuenta con personal suficiente como para presentar denuncias de crímenes de guerra que se pronostica abarcarán a unas 1.000 personas.
Venediktova ha estado forjando alianzas con organizaciones de derechos humanos, algunas de las cuales tuvieron serios cuestionamientos de las autoridades ucranianas, y tratando de ganarse a un público a menudo desconfiado.
En marzo, 16 agrupaciones formaron la Coalición 5AM con el fin de documentar potenciales crímenes de guerra. Además de analizar material disponible para todo el mundo, cuentan con una red de especialistas que reúnen pruebas en todo el país y las comparten con los fiscales.
Tienen el apoyo de investigadores de todo el mundo, de sitios como el Centre for Information Resilience, Bellingcat y la International Partnership for Human Rights, que han estado investigando toneladas de publicaciones en las redes sociales para verificar lo qué pasó y quién es responsable.
Venediktova alienta a la gente a que ayude a reunir información en sus teléfonos y la envíe a warcrimes.gov.ua. Después de cinco semanas de guerra, había 6.000 aportes.
Una de las prioridades de Venediktova es confiscar el dinero de criminales de guerra y pasárselo a sus víctimas. Para ello necesitará la cooperación de todos los países donde estos sospechosos rusos tienen su dinero. Muchos no pueden confiscar bienes a pedido de un tribunal extranjero.
Se crearon asimismo portales en inglés, ruso y ucraniano en los que cualquier persona puede incorporar información.
Hay un precio mayor, desde ya, que está fuera de su alcance: Cientos de miles de millones de dólares en bienes rusos congelados en Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza y otros países. Tal vez algún día ese dinero pueda ser usado para financiar la reconstrucción y ofrecer reparaciones en Ucrania.
Poco antes de las nueve de la noche, como hace casi todos los días, Venediktova habla por cadena nacional y les dice a los ucranianos que los culpables de tanto sufrimiento serán castigados y que su dolor será compensado.
“Mi primera alegría será cuando vendamos la mansión o el yate de alguien y la gente común, que tuvo que huir de su casa, reciba una compensación”, afirmó.
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