BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal juzgará por primera vez en la historia de Argentina la matanza de cientos de miembros de poblaciones indígenas ocurrida hace casi un siglo cuando reclamaban mejores condiciones laborales en el norte del país.
El juicio será de carácter simbólico ya que los presuntos culpables han fallecido. No obstante, la justicia está obligada a pronunciarse debido a que la llamada “Masacre de Napalpí” -cometida contra las comunidades Qom y Moqoit en julio de 1924 en la provincia de Chaco- fue declarada delito de lesa humanidad en 2019 y por lo tanto es imprescriptible.
“En este debate vamos a demostrar de manera concreta y contundente quiénes participaron y quiénes fueron los responsables directos e indirectos de este genocidio”, adelantó la fiscalía el martes en la primera jornada del juicio que tiene lugar en Resistencia, la capital de Chaco, a unos 930 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Adelantó que el objetivo es que descendientes de las víctimas “reciban una reparación a través de una sentencia penal”.
Los hechos tuvieron lugar en el campamento indígena Napalpí, situado en el centro de Chaco, que albergaba a miembros de las etnias Qom y Moqoit desplazados de sus territorios por grandes terratenientes. Los indígenas eran obligados a trabajar los campos en condiciones de explotación laboral y paga insuficiente.
Según la investigación, los Qom y Moqoit iniciaron una protesta en reclamo de una mejora en sus ingresos que fue violentamente reprimida por fuerzas de seguridad y civiles armados, quienes “comenzaron a disparar todos a la vez y a mansalva por espacio de una hora», según la fiscalía.
Se estima que al menos 300 indígenas, entre ellos mujeres, niños y abuelos, fueron asesinados. Los heridos “fueron ultimados de las formas más crueles posibles, con mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunas”, agregó el ministerio público.
La versión oficial en aquel entonces dio cuenta de un supuesto enfrentamiento contra indígenas sublevados e incluso de una disputa entre etnias.
Los fiscales identificaron como responsables al entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; su ministro de Interior, Vicente Carmelo Gallo; al entonces gobernador de Chaco, Fernando Centeno, y al jefe policial Diego Ulibarrie, entre otros. Ninguno de los imputados está vivo.
Este proceso está inspirado en los “juicios por la verdad” por las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) cuando regían las leyes de amnistía que protegieron a los miembros de las fuerzas armadas de la justicia hasta su derogación en 2003.
En el juicio por la “Masacre de Napalpí” se escuchará el testimonio de Rosa Grilo, única testigo de los hechos que sigue con vida. También se reproducirán registros fílmicos con relatos de otros sobrevivientes ya fallecidos y darán testimonio los descendientes y los investigadores de las propias comunidades indígenas que reconstruyeron los hechos.
La sentencia está prevista para fines de mayo.
