CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes la designación de los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un período de 12 años. En el organismo del poder judicial predominan una vez más juristas que son percibidos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.
Los adversarios del presidente Nicolás Maduro repetidamente acusan al oficialismo de designar con su abrumador voto a los magistrados entre sus aliados para asegurarse el control del máximo tribunal, que en los últimos 23 años se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana con un cúmulo de sentencias desfavorables a los críticos del gobierno socialista.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, sostiene que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.
“Saludo y felicito a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, autoridades designadas por la Asamblea Nacional de acuerdo a la CRBV (Constitución) y las leyes. Es una nueva etapa de renovación e impulso del sistema de justicia por el bienestar y la Paz del pueblo”, dijo Maduro más tarde a través de su cuenta en Twitter.
Tras una reforma aprobada en enero pasado, se redujo de 32 a 20 el número de magistrados que integran las siete salas del Tribunal. En 2004, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez promovió una ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados y facultar a una mayoría simple de congresistas para remover y designar jueces.
Entre los designados destacan Gladys Gutiérrez, exmagistrada y expresidenta del Tribunal Supremo, quien retorna a la Sala Constitucional, integrada también por Tania D’Amelio, una exlegisladora oficialista que venía desempeñando como rectora del organismo electoral.
En la Sala Constitucional repiten Luis Damiani, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, mientras que Maikel Moreno, actual presidente del TSJ, repite en la Sala de Casación Penal.
Gutiérrez, D’Amelio, Damiani, Ortega, Suárez y Maikel Moreno figuran en una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en “violaciones masivas de derechos humanos” y “socavar la democracia” en Venezuela, entre otros motivos.
“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo el dirigente opositor Juan Guaidó en un comunicado. “Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcado por un proceso de participación de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura”, como Guaidó llama al gobierno de Maduro.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela.
Entre los nuevos miembros del Tribunal resaltan José Gutiérrez Parra, quien es hermano de un disidente de un partido opositor, designado magistrado de la Sala de Casación Civil; y en la Sala de Casación Social, Elías Rubén Bitar, abogado y profesor universitario vinculado a la oposición.
El resto de los magistrados, en su mayoría son exfuncionarios oficialistas que repiten en sus respectivos cargos; otros cambiaron apenas de instancia como Malaquías Gil, que pasó de la Sala Electoral a la Sala Político Administrativa.
