El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que pida licencia en tanto se determina su grado de responsabilidad en el presunto delito de tortura y privación ilegal de la libertad que sufrió el ciudadano Francisco Alvarado Hernández por parte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la demarcación territorial.
Al hacer uso de la palabra, la diputada de Morena Valentina Batres recordó que el pasado 19 de abril Alvarado Hernández fue torturado por policías de la alcaldía tras un conflicto vecinal. El ciudadano fue detenido y sometido por los policías luego de haber grabado con su celular un supuesto abuso policial.
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La tortura sucedió cuando era llevado al Ministerio Público y luego al Juzgado Cívico, subrayó la asambleísta.
“El ciudadano, durante el periodo en que fue retenido, además de los golpes recibidos, fue víctima de amenazas por parte de los policías que, de manera constante, le repetían frases como ‘ya estás encargado’ y ‘ya estás pagado’, haciéndole suponer que había una orden de someterlo. De la narración de los hechosse desprende que el propósito de la golpiza fue obtener la clave de acceso a su teléfono para borrar las grabaciones que previamente había realizado, donde se daba testimonio visual del abuso de autoridad cometido en contra del menor de edad con discapacidad”.
— Valentina Batres
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La hermana del secretario de Gobierno señaló que al ser policías de la alcaldía quienes cometieron esta supuesta tortura, Lía Limón estaría incurriendo en la planeación u omisión al no investigar estos hechos y deslindar responsabilidades.
Por lo anterior, precisó que la alcaldesa debe separarse de su cargo hasta que se concluya esta investigación, pues ya se levantó una denuncia en la Fiscalía y en la Comisión de Derechos Humanos, ambas de la ciudad.
Durante la presentación de este Punto de Acuerdo, diputados de Morena mostraron distintas pancartas con la leyenda ‘#LíaTortura’ y ‘Lía Limón: asume tu responsabilidad’.
“La alcaldesa ha obviado de manera descarada su responsabilidad política en el caso, al ser la única responsable de la política de seguridad publica en la demarcación, que por su acción u omisión derivó en la tortura de una persona habitante de la demarcación”.
— Valentina Batres