Diputados locales del PAN en Tamaulipas bloquearon la reforma del Código Civil local que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Durante la reunión de la comisiones unidas de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, se rechazó esta propuesta con ocho votos en contra y cinco abstenciones.
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El proyecto de decreto fue presentado en febrero por la diputada de Morena Nancy Ruíz Martínez. Antes de la sesión, la legisladora morenista tomó la palabra e invitó a los legisladores del PAN a “dejar a un lado sus estándares morales, los cuales no pueden ni deben ser impuestos por cualquier forma a la totalidad de los gobernados”.
Sin embargo, la diputada Lidia Martínez del PAN, quien antes estaba en el PT, argumentó que la iniciativa “no solo toca la figura del matrimonio, sino que modifica diversas figuras”.
Asimismo, dijo que la petición del matrimonio igualitario no se deriva de una mayoría social aceptada por los tamaulipecos, sino de una “minoría sexual reducida” que busca más que un ejercicio a sus derechos, contrarrestar índices de discriminación.
Si bien reconoció que la Constitución en su artículo primero obliga a promover los derechos humanos, subrayó que “el tema que nos ocupa no deriva de una demanda social aceptada por la mayoría de los tamaulipecos”.
Morena, a través del diputado Isidro Vargas, planteó convocar un ejercicio de parlamento abierto con activistas, pero fue rechazado.
Más tarde, el diputado Félix García, en entrevista con medios de comunicación, argumentó que en Tamaulipas existe “un arraigo con la familia”.
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En tanto, Nancy Ruíz Martínez agregó que presentará un juicio de garantías ante este rechazo.
“Este órgano legislativo, escúchese bien, está obligado a tomar medidas que promuevan el ejercicio y protección de los derechos ciudadanos en igualdad. Pido a los panistas dejar a un lado los prejuicios, a los priistas ser revolucionarios y a Morena a ser congruentes. Dejar a un lado cualquier dogma de tipo religioso, político o prejuicio moral, ustedes constituyen el Poder Legislativo y tienen una obligación de estado, deben ser promotores y protectores del bien supremo”.
— Nancy Ruíz Martínez
