MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este domingo a Jordania que debe comprometerse a poner fin al encarcelamiento de las personas que no puedan pagar sus deudas y ha recordado que se trata de una actuación prohibida por el Derecho Internacional.
«Jordania es uno de los pocos países del mundo que aún permite encarcelar a las personas por deudas. Al 1 de abril, al menos 148.000 personas son buscadas para cumplir penas de prisión por deudas impagadas, según el Ministerio de Justicia», ha subrayado la organización en un comunicado.
Según denuncia HRW, miles de jordanos solicitan préstamos para cubrir necesidades básicas como el alquiler, la comida o el tratamiento médico, para luego terminar en prisión o buscados por no ser capaces de pagar. «Jordania debería poner fin este tipo de encarcelamiento sin demora», ha exigido la investigadora en Oriente Medio de HRW, Sara Kayyali.
El inicio de la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos económicos y sociopolíticos que enfrenta Jordania. El 28 de marzo de 2021, en respuesta a las presiones para poner fin al encarcelamiento por deudas, el primer ministro Bisher Khasawneh emitió una moratoria sobre el arresto de personas únicamente por no pagar las deudas. La moratoria finaliza en junio, según HRW.
Aunque varios instrumentos legislativos pueden dar lugar a penas de prisión por deudas, entre ellos el Código Penal y la Ley de Ejecución, tal y como señala la organización.
En octubre de 2021, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de reforma a la conocida como Ley de Ejecución que fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 28 de abril.
El proyecto de Ley de Ejecución enmendada prohíbe el encarcelamiento por deudas por cualquier cantidad inferior a 5.000 Dinars (6.685 euros) y limita el tiempo de prisión a 60 días por deuda, sin exceder los 120 días en total.
También establece condiciones en las que no se permite la prisión por deudas, incluso si la persona está en quiebra o insolvencia, o tiene fondos suficientes para pagar la deuda que las autoridades pueden confiscar, según ha informado HRW.
Aún así, a la organización le parece insuficiente y argumento que la mayoría de los países han abolido la prisión por deudas, no solo porque viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino también porque «no facilita el pago de la deuda».
«En cambio, los países han puesto en marcha leyes de insolvencia personal y bancarrota que brindan alternativas a la detención y han establecido planes medidos para el pago de préstamos», ha explicado HRW.
«En lugar de este enfoque fragmentario que no sirve a nadie, el Gobierno tiene la oportunidad de corregir las cosas al abolir por completo el encarcelamiento por deudas y adoptar por completo alternativas probadas y verdaderas», ha sentenciado Kayyali.
