BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)
En la actualidad, la legislación comunitaria ya prevé el decomiso en casos de crímenes graves --como actos terroristas, tráfico de personas o blanqueo-- pero no se aplica de manera uniforme en los Estados miembro, lo que complica la confiscación de la mayor parte de activos, según ha explicado en una rueda de prensa la comisaria de Interior, Ylva Johansson.
Bruselas estima que cada año el crimen organizado mueve unos 139.000 millones de euros en el espacio común pero apenas un 2% llega a ser congelado y solo un 1% es confiscado; y ello a pesar de que existe una directiva sobre recuperación y confiscación que permite actuar en este sentido.
Por ello, los servicios comunitarios piden renovar la norma de modo que se armonice y agilice la identificación, localización, congelación y confiscación de los bienes generados por actividades criminales antes de que los autores consigan desviar estos fondos u oculten su procedencia delictiva.
Con la vista puesta en esta revisión, el Ejecutivo comunitario también contempla ampliar los delitos cubiertos por la norma para poder aplicarla cuando los delincuentes violen las sanciones de la UE, pero no habrá propuesta legislativa concreta hasta que los Veintisiete y el Parlamento Europeo den luz verde a la primera etapa de tipificar esta elusión como delito en la UE.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembro han informado de la congelación de activos por valor de 9.890 millones de euros por las cinco rondas de sanciones acordadas por el momento por los Veintisiete, incluidas propiedades inmobiliarias, obras de arte o yates.
Sin embargo, solo en algunos de los Estados miembro el marco legal permitiría decomisar estas propiedades si se establece que los propietarios han violado las sanciones, mientras que en otros, como España, incumplir las medidas restrictivas impuestas por la UE apenas es una falta administrativa.
En las propuestas presentadas este miércoles por el Ejecutivo comunitario no se aclara el destino de lo decomisado, aunque el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha abogado por crear un "fondo común" al que se pediría a los Estados miembro que volcarán las cantidades confiscadas con el objetivo de "reparar a las víctimas".
Algunos Estados miembro e incluso el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, han apuntado recientemente la oportunidad de utilizar los fondos congelados a los cómplices del régimen de Vladimir Putin para costear la reconstrucción de Ucrania, incluso con las reservas bloqueadas del Banco Central ruso, pero esta posibilidad no queda recogida en los textos presentados de momento por Bruselas.
