La política migratoria mexicana está cada vez más militarizada, las fuerzas armadas son las que hacen mayor número de detenciones y muchas de ellas son arbitrarias, están basadas en el perfilamiento racial o han conllevado abusos, sobre todo de mujeres.
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Estas son las principales conclusiones del informe presentado este martes por seis organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes en particular, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Según el informe, hay un despliegue desproporcionado de militares frente al número de agentes migratorios y son las fuerzas armadas las que realizan la mayor parte de las detenciones de migrantes aunque por ley deberían ser “mero auxilio”.
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El documento recuerda que aunque la tendencia viene de antes de esta administración, la presión del expresidente Donald Trump en 2019 hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceleró el despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo teóricamente bajo mando civil pero que operativamente está bajo control militar y cuya mayoría de integrantes no tiene formación policial.
Según el informe, esta situación ha conllevado abusos que han afectado, principalmente, a personas de origen africano y a mujeres y que muchas veces tienen lugar en controles de migración móviles, los cuales fueron considerados inconstitucionales por la Suprema Corte la semana pasada precisamente por ese motivo.
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El documento pone también en evidencia la falta de claridad y las contradicciones entre las propias instituciones en cuanto a las detenciones, llamadas por las autoridades mexicanas “rescates” o “presentaciones”.
El informe indica que desde 2019 hasta los primeros meses de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que la Marina colaboró en la puesta a disposición de menos de medio centenar de personas mientras esa propia fuerza respondía que fueron más de 500.
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En el caso de la Guardia Nacional, el INM hablaba de su participación en más de 2 mil presentaciones de migrantes y la Guardia de más de 15 mil. Y en el caso del Ejército, la agencia migratoria indicaba que había colaborado en el “rescate” de unas 300 personas mientras según la Secretaria de la Defensa entre todas las fuerzas armadas sumaban más de 156 mil migrantes en un periodo en el que el número total de los presentados ante migración fue de unos 190 mil.
Esta militarización se hizo más intensa “con la colocación de militares en puestos estratégicos dentro de la propia estructura del INM”, como publicó The Associated Press en septiembre de 2019.
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Sobre los abusos cometidos por militares contra migrantes, el informe no da cifras pero expone algunos casos de discriminación a personas negras, extorsiones o incluso abusos sexuales a mujeres.
Algunas de las organizaciones firmantes ya han llevado a los tribunales recursos para denunciar parte de estas prácticas, como las deportaciones masivas o la militarización de la seguridad pública, aspectos también criticados por agencias de Naciones Unidas.
La Suprema Corte de Justicia de México tiene pendiente pronunciarse sobre varios recursos vinculados con la Guardia Nacional.
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El gobierno de López Obrador ha dado cada vez más poderes a las fuerzas armadas, desde la construcción de grandes infraestructuras hasta el control de las aduanas, el cultivo de viveros, el reparto de medicinas y la migración.
El presidente ha reiterado en numerosas ocasiones que es una forma de luchar contra la corrupción porque, a su juicio, los militares son más confiables. De hecho, cuando llegó al poder en 2018 definió al INM como una de las instituciones más corruptas de México. López Obrador también ha insistido en que todas las fuerzas armadas operan con total respeto a los derechos humanos y que no se toleran los abusos.
En agosto del año pasado, en una declaración poco habitual por su claridad, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, enfatizó que el objetivo “principal” del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional era “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.
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Según Sandoval, en aquel momento había desplegados más de 14 mil militares y miembros de la Guardia Nacional que trabajaban junto con otros tantos elementos de seguridad pública desde los límites con Guatemala y Belice hasta el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha del sur de México.
Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que defendía ese enfoque de mayor control en el sur y en concreto en el istmo porque ahí “están las llaves para resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la migración” y “también es parte de la solución de la seguridad” dado que es más fácil controlar una franja de 300 kilómetros que toda la frontera con Estados Unidos que tiene más de 3 mil kilómetros.
