La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva extensión del estado de excepción en el país, impuesto a finales de marzo, con 67 votos a favor, por otros 30 días más para combatir la violencia entre pandilleros.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público”.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
El Artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales “no excederá de 30 días”. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto “si continúan las circunstancias que la motivaron”.
Desde el 27 de marzo se han detenido a 35 muk ciudadanos vinculados a estos grupos y más de 26 mil están en detención provisional dictada por orden de un juez, informo Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.
Precisó que “nunca en 30 años se había enfrentado así a las pandillas”. “Es un cáncer que no se erradica con dos tratamientos de quimioterapia”, agregó el titular de la cartera de Seguridad, según un comunicado.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestan su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele responde que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas expresa asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
