La Eurocámara aprueba el acuerdo que da más poderes y medios a Europol en la lucha transfronteriza contra el crimen

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

Los eurodiputados han adoptado así con 470 votos a favor, 118 en contra y 16 abstenciones el acuerdo alcanzado entre los Veintisiete y los negociadores de la Eurocámara el pasado febrero y que entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la UE.

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La revisión de los poderes de la agencia de cooperación policial europea prevé que ésta pueda recibir datos directamente de empresas privadas y cotejarlos para identificar qué Estados miembros podrían abrir investigaciones contra delitos relacionados.

En todo caso, la reforma incluye también salvaguardas estrictas para garantizar que se cumplen los derechos fundamentales, por ejemplo en materia de protección de datos. Con ello se quiere reaccionar mejor a las prácticas de criminales y organizaciones terroristas que usan servicios de empresas privadas para reclutar voluntarios, difundir propaganda o planear ataques.

El acuerdo dará además mayor seguridad jurídica a Europol en su acceso y análisis a Big Data. De este modo, la agencia tendrá un plazo de 18 meses para el análisis preliminar de los datos recibidos de los Estados miembro para clasificarlos, con la posibilidad de prorrogarlos 18 meses más.

Otra de las claves será el poder que gana Europol para pedir a los Estados miembro introducir en el Sistema de Información Schengen (SIS) información recibida de países terceros sobre sospechosos o delincuentes, en especial de los llamados combatientes extranjeros, europeos que viajan a zonas radicalizadas con la intención de regresar a la UE para cometer atentados.


Con la posibilidad de emitir alertas de este tipo, la UE quiere facilitar que la información esté directamente disponible para los agentes en la frontera exterior de la UE y en la zona Schengen.

El nuevo reglamento establece asimismo que el director de la agencia podrá solicitar a las autoridades de un país de la UE que inicie una investigación de un delito que lesione un interés común sin necesidad de que el delito afecte a más de uno de los Estados miembros.

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