SAN SALVADOR (AP) — Estados Unidos solicitó el viernes a El Salvador la extradición inmediata de al menos 14 líderes de la pandilla delictiva Mara Salvatrucha (MS-13) para procesarlos en tribunales estadounidenses por delitos cometidos en aquel país.
Patrick Ventrell, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, dijo que las pandillas son “increíblemente” peligrosas y han causado un daño devastador en muchas comunidades en El Salvador y en Estados Unidos, principalmente entre la diáspora salvadoreña.
El funcionario, que habló sólo con periodistas de medios locales, afirmó que ha visto la sensación de seguridad en las calles del país centroamericano por el combate que el gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla contra las pandillas, pero afirmó que hay denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Manifestó que la mejor forma que tiene el gobierno salvadoreño para demostrar que quiere una solución real, duradera y sostenible para reducir la violencia de pandillas, “es extraditar a los lideres peligrosos” de la Mara Salvatrucha conocidos como la Ranfla Nacional.
“Hacemos un llamado a las autoridades salvadoreñas para que extraditen inmediatamente a estos criminales pandilleros y en especial los que están actualmente bajo su custodia”, apuntó.
Ventrell insistió en que no deben quedar queden impunes crímenes atroces que a menudo son ordenados por cabecillas que están en El Salvador y son cometidos en calles de Estados Unidos.
Señaló el caso del jefe pandillero Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, que controlaba las operaciones criminales en varios estados de Estados Unidos y en diferentes países como México y El Salvador.
Según las autoridades estadounidenses, “Blue” ordenó el asesinato de Nayeli Guzmán, una adolescente de 14 años, y que le mandaran fotos de su cuerpo destazado a machetazos, las que fueron compartidas con la Ranfla en El Salvador.
“Criminales como el ‘Blue’ son una amenaza inmediata a la seguridad de las personas en El Salvador y en Estados Unidos”, manifestó.
El jueves, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña autorizó la extradición de un nacional, Franklin Antonio Cárcamo, hacia Estados Unidos, donde está acusado de violación de varias mujeres jóvenes en Virginia.
Ventrell también criticó la decisión del gobierno salvadoreño de implementar el régimen de excepción para combatir a las pandillas y afirmó que “el respiro (de seguridad) que la administración Bukele les ha dado también viene con un alto costo”.
“El régimen de excepción es una política insostenible que ya ha dejado decenas de miles de detenidos y numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y muerte de detenidos también”, afirmó.
Afirmó que cuando termine el régimen de excepción, “dejará a salvadoreños inocentes encarcelados injustamente junto a los mismos criminales que el gobierno intenta sacar de las calles”.
Desde que se implementó el régimen de excepción, el 27 de marzo, las fuerzas de seguridad han informado la captura de 42.259 presuntos pandilleros en un país de 6,5 millones de habitantes.
Según la información oficial, los jueces han ordenado la detención preventiva a 36.614 personas acusadas de delitos como homicidios, extorsión, posesión de armas, agrupaciones ilícitas o colaboración con pandillas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
Además, le han pedido a Bukele que ponga fin al régimen de excepción y revierta las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos de la población.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima suman unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico, y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales terroristas.
