MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Las regiones anglófonas de Camerún --Noroeste y Suroeste-- se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
Esta zona --otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- fue escenario de protestas pacíficas para reclamar una mayor autonomía o la independencia argumentando una discriminación por parte de las autoridades centrales, también en temas de idioma.
Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.
"Los grupos separatistas armados están secuestrando, aterrorizando y matando a civiles en las regiones de habla inglesa sin temor aparente a que sus propios líderes o las fuerzas del orden de Camerún les hagan rendir cuentas", ha señalado un investigador sobre África central de HRW, Ilaria Allegrozzi.
Por ello, ha pedido a los líderes de estos grupos separatistas que instruyan "de inmediato" a sus milicianos "para que dejen de abusar de los civiles y entreguen a los combatientes abusivos para su enjuiciamiento".
HRW ha explicado en un comunicado que contactó a 38 personas telefónicamente, incluidas víctimas y testigos, así como familiares, periodistas y miembros de organizaciones de Derechos Humanos. La organización también ha revisado de forma exhaustiva registros médicos, fotografías y vídeos.
Uno de los incidentes se produjo el 5 de abril, cuando un grupo de separatistas armados irrumpió a tiros en el campus de la universidad de Bamenda, en Bambili, en la región Noroeste, lo que provocó una estampida que dejó al menos cinco muertos. Según ha denunciado HRW, los milicianos atacaron el edificio por estar activo ante la orden de cierre general declarada en la zona.
"Vi a tres combatientes separatistas disparando desde el campo de fútbol del campus", dijo a HRW un estudiante de 28 años, agregando que "estaba a menos de 50 metros de ellos" y que "siguieron disparando durante 20 minutos".
En su lucha por crear un estado anglófono independiente, los grupos separatistas atacan a los civiles que no cumplen sus llamamientos a hacer boicot escolar. "Estos llamamientos abusivos pisotean los derechos básicos de una población civil ya aterrorizada, y los combatientes separatistas y sus líderes deben rendir cuentas y ser castigados por su aplicación violenta", ha reclamado HRW.
Desde 2017, los separatistas armados han secuestrado a cientos de personas, incluidos estudiantes, maestros, personal médico, trabajadores humanitarios, clérigos y funcionarios gubernamentales, entre otros. También han matado y torturado a civiles y llevado a cabo ataques generalizados contra la educación.
Por otro lado, el 13 de enero, milicianos separatistas atacaron una plantación de caucho en la localidad de Tiko, y también secuestraron a nueve trabajadores, incluidas seis mujeres, e incendiaron un tractor.
"Tenían armas, invadieron la plantación y nos llevaron", dijo uno de los secuestrados a HRW, agregando que "amenazaron" con matarles si seguían trabajando. Todos los trabajadores fueron liberados el 25 de enero tras el pago de un rescate, según ha recogido HRW.
Otro de los incidentes registrados por la organización fue un ataque a una zona residencial en la localidad de Idenau, donde los combatientes separatistas secuestraron el 16 de mayo a 30 personas, incluidas cinco mujeres y un anciano. Nueve trabajadores finalmente escaparon.
Los separatistas golpearon y amenazaron con hacer daño a los cautivos restantes y los abandonaron dos días después. Durante el ataque en la zona residencial, un combatiente separatista también violó a una niña adolescente.
"Los socios regionales e internacionales de Camerún deben intensificar los llamamientos al Gobierno de Camerún para que rinda cuentas y mejore la protección de los civiles", ha dicho Allegrozzi, quien ha zanjado recalcando que se "deberían imponer sanciones específicas, como la prohibición de viajar y la congelación de activos, a los líderes separatistas responsables de cometer abusos".
