SANTIAGO (AP) — El gobierno chileno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual lanzaron el martes recomendaciones y firmaron un inédito compromiso destinado a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comunidad LGBTIQA+.
El convenio fue lanzado en el marco del Día del Orgullo Gay y fue suscrito por el Servicio Nacional del Adulto Mayor en representación del gobierno y el Movimiento. Ambos organismos se comprometieron a poner en práctica estrategias y acciones conjuntas para promover los derechos humanos de los mayores de 60 años lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y asexuales (LGBTIQA+). El término queer no tiene una definición única y suele usarse para referirse a todas las minorías sexuales.
La ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, calificó el convenio como “importantísimo para promover los derechos de las personas adultas mayores” LGBTIQA+, mientras Claudia Asmad, de la subsecretaría de Redes Sociales, señaló que “la diversidad sexual y de género no tiene edad. Hoy buscamos que las personas mayores no sufran discriminación”.
Rolando Jiménez, un histórico dirigente del Movimiento, destacó que el convenio y las recomendaciones lanzadas “son una aspiración muy antigua que viene a saldar deudas históricas, pues las personas adultas mayores LGBTIQA+ carecían hasta ahora, de cualquier señal del Estado a favor de sus derechos humanos básicos”.
En un documento denominado “Recomendaciones para el resguardo de los Derechos y el Buen Trato de las personas mayores LGBTIQA+ en Chile”, se enfatiza que las personas de esa comunidad mayores de 60 años "crecieron y se desenvolvieron en contextos adversos a la diversidad sexual y de género”.
“Sin ir más lejos, hasta la década de los 90 la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un delito por el Estado de Chile”, añade.
Además el documento entrega recomendaciones para que las instituciones que trabajan con estos adultos mayores o con sus familias les brinden “un trato desprejuiciado, digno y libre de discriminación en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género”.
El fin de semana, unas 80.000 personas reivindicaron los derechos de las diversidades sexuales en una marcha por el centro de la capital chilena y entre sus principales demandas exigían el cese de toda violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género y la derogación del artículo 365 del Código Penal que establece que los jóvenes homosexuales pueden consentir el matrimonio desde los 18 años, edad que para los heterosexuales es a los 14 años.
En Chile se aprobó el matrimonio igualitario con derecho a adopción a comienzos de diciembre y la primera unión legal entre dos varones se registró tres meses después.
En el país sudamericano pasaron seis años desde la promulgación del Acuerdo de Unión Civil, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), hasta la aprobación del matrimonio igualitario, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
El acuerdo sólo regulaba aspectos jurídicos de la vida en común entre convivientes de igual sexo, y fue el matrimonio igualitario el que estableció sus derechos de filiación. Había pasado medio siglo desde que en abril de 1973 una pequeña y temerosa manifestación en el centro de la capital chilena protestó contra el acoso policial, discriminación y por sus derechos civiles.
