El capo mexicano diversificó sus negocios y buscó invertir en proyectos en Sudamérica con apoyo de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, ex combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana
Rafael Caro Quintero “El Príncipe” diversificó sus negocios y buscó invertir en proyectos productivos en Sudamérica con apoyo de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, ex combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y quien es uno de los operadores del llamado “Cártel de la Paz”, la red de tráfico de influencias para obtener dividendos ilegales del posconflicto.
El líder del Cártel de Sinaloa y el ex guerrillero ya mantenían una alianza para introducir cocaína de Colombia a Chicago vía Sonora y Phoenix, pero con el proceso de paz encontraron una oportunidad de lucrar con la construcción de obra y la introducción de servicios.
El mexicano como constructor y el colombiano como gestor, así operarían y los dos obtendrían jugosas ganancias.
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El prestigio de negociador clave en el proceso de paz del país y su nombre encabezando la lista de candidatos a la Cámara de Representantes, le dio a Jesús Santrich una coraza para pasar inadvertido por las autoridades e integrar un círculo de ex guerrilleros que ofrecen a contratistas la asignación de obras con recursos del Fondo para la Paz, a cambio de un porcentaje del contrato. Uno de los contratistas era Caro Quintero.
Jesús Santrich no sólo lucró con la llamada “chequera de la paz”, también vendió a capos colombianos, ecuatorianos y mexicanos un espacio en la lista de ex combatientes de las FARC-EP ante la Justicia Especial de Paz (JEP) para recibir un tratamiento especial judicial, con el cual evitar las investigaciones, la extradición y el cumplimiento de condenas, ya que no se juzgarán los delitos cometidos antes del acuerdo final de paz (24 de noviembre de 2016).
De Colombia a Sonora
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), Jesús Santrinch conspiró para exportar cocaína a los Estados Unidos y proveyó de droga a otras organizaciones, entre ellas al Cártel de Sinaloa a través de Rafael Caro Quintero “El Príncipe”, acusado de ordenar el asesinato del agente antidrogas Enrique “Kiki” Camarena Salazar y quien salió en libertad el 9 de agosto de 2013 por una falla judicial tras 28 años de condena.
La DEA iba tras los pasos de ellos ante la lentitud y pasividad de las autoridades colombianas y mexicanas, por lo que encabezó las investigaciones.
El 9 de abril de 2018, la Interpol emitió una ficha roja en la que se ordenó la captura de Jesús Santrich, Marlon Marín, Armando Gómez “El Doctor” y Fabio Simón Younes Arboledas.
La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación detuvieron a Jesús Santrich, y tres días después, otra agencia norteamericana se lanzó sobre Caro Quintero -su socio mexicano-, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo colocó entre los 10 más buscados y aumentó la recompensa a 20 millones de dólares a quien aporte información para su captura.
Santrich mantenía conversaciones con “Marcos”, presunto emisario de Caro Quintero, para consolidar la alianza y aumentar la introducción de cocaína a los Estados Unidos a través del Pacífico, vía Guatemala, Sonora, Arizona y con destino final en Chicago.
La United States District Court Southern District of New York emitió el 4 de abril de 2018 una acusación formal contra Jesús Santrich por narcotráfico, al encabezar la organización para ingresar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos a un precio de 15 millones de dólares, la droga alcanzaría un precio en el mercado de 320 millones de dólares.
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Para esa misión sería apoyado por el Cártel de Sinaloa, organización mexicana que tiene las mejores rutas y contactos para subir la droga a Estados Unidos.
La cocaína se elabora y empaqueta en la selva colombiana, en las regiones controladas todavía por las FARC y en las que aún no ingresa el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Los paquetes en forma de ladrillos son llevados a la zona costera y de puertos en Buenaventura, Nariño y Antioquia, son colocados en embarcaciones ligeras y rápidas, en cada viaje se movilizan de 600 a 700 kilos de cocaína con destino a Guatemala, donde son entregadas a otros enlaces del Cártel de Sinaloa.
El municipio de Tumaco, en la región de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador y en las orillas del Pacífico, se ha transformado en el refugio y centro de operaciones de los disidentes de las FARC y de algunos ex combatientes que en pleno proceso de paz mantienen el tráfico de cocaína como fuente de ingresos.
Tumaco tiene un clima idóneo para la siembra de hoja de coca, de Ecuador provienen los insumos químicos para procesarla, y tiene un puerto para movilizarla a Guatemala con destino a México y Estados Unidos.
Los traslados marítimos los hacen ciudadanos mexicanos, colombianos y ecuatorianos. Guatemala es punto de abastecimiento de combustible y provisiones para continuar la ruta.
El Cártel de Sinaloa tiene Salina Cruz y Huatulco en Oaxaca, Puerto Peñasco y Guaymas en Sonora, como los puntos de desembarque de cocaína procedente de Colombia.
La droga puede ser tirada en un punto de altamar donde otro grupo la recoge y la lleva a tierra, y también llevada a zonas costeras sin vigilancia o puertos controlados por la organización sinaloense.
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El Cártel de Sinaloa también transporta droga vía aérea. En países de Centroamérica y el Caribe alquilan aeronaves que son llevadas a los aeropuertos colombianos como el de Calí –el tercero en importancia en el país-, en los que previamente cooptaron, con sobornos o amenazas, a funcionarios para que les faciliten el aterrizaje, la carga de cocaína y el despegue, la agilización de la documentación y la excepción de la revisión de aeronaves.
Otro recurso que usa el Cártel de Sinaloa para trasladar la cocaína son los contenedores secretos en camiones de carga o autobuses de pasajeros. Grupos de pandilleros guatemaltecos custodian la droga hasta que es colocada y se cruza para Chiapas.
La ruta marítima de Sonora es controlada por Rafael Caro Quintero. Por la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta en Sonora, la cocaína es traslada en camionetas, camiones y tráileres con doble fondo a la frontera con Arizona, alguna la cruzan por la garita internacional de Sonoyta-Lukeville, para llevarla a Tucson y Phoenix, también es utilizada la garita Mariposa.
De acuerdo con la DEA, el Cártel de Sinaloa es la organización criminal mexicana de mayor crecimiento en Estados Unidos, y es considerada la más peligrosa.
Los sinaloenses tienen presencia en 37 de los 50 estados del país norteamericano, controlan la zona Este y parte de la Oeste, y por tener los mejores contactos, las organizaciones colombianas y ecuatorianas hacen alianzas para colocar sus drogas.
La cocaína que el Cártel de Sinaloa ingresa por Sonora tiene como destino final Chicago.
Una pesquisa de la DEA interceptó conversaciones que presuntamente involucran a Jesús Santrich y un emisario de Caro Quintero para fortalecer la alianza e incrementar los cargamentos de cocaína.
En un audio Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez (Luciano Marín) jefe de las FARC-EP, se comunicó con un asistente de Santrich para informarle que un grupo de mexicanos solicitaban “hablar con el ciego para que les diga que todo está tranquilo y que los negocios son con él”, se hacía referencia al ex guerrillero quien padece el Síndrome de Leber que lleva a la perdida de la visión.
La DEA logró infiltrar a “Marcos”, un agente en las negociaciones, y quien grabó una reunión celebrada a finales de 2017. Ese día Santrich, quien también es artista plástico, le habría enviado a Caro Quintero un cuadro pintado y con una dedicatoria como muestra de buena voluntad y confianza.
“Para Don Rafa Caro con aprecio y esperanza de paz”, dice el cuadro con la figura del capo mexicano., .
En una entrevista de radio, Jesús Santrich no descartó que le haya obsequiado ese presente al capo mexicano.
“Cuadros he regalado por decenas y libros también, así que es posible que lo haya entregado a Rafael Caro, a quien repito no conozco directamente, sino la referencia de ser un inversor en proyectos. Es posible, como le regalé un cuadro al general Naranjo, al ministro Pardo, a mucha gente”, aseguró.
Una segunda reunión fue grabada por la DEA en la que presuntamente se conspira para ingresar 10 toneladas de cocaína los Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares.
Estas pruebas fueron entregadas a la United States District Court Southern District of New York, y el 4 de abril de 2018 se emitió una acusación formal contra Jesús Santrich por narcotráfico, y cinco días después la Interpol lanzó la ficha roja y la orden internacional de captura del colombiano.
Jesús Santrich ha negado los cargos en su contra y asegura que ha pasado más cocaína por la nariz del fiscal Néstor Humberto Martínez que por sus manos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que si la Corte Suprema de Justicia encuentra elementos comprobados de que Santrich cometió ilícitos después del acuerdo final de paz, no le temblara la mano para autorizar la extradición a los Estados Unidos, país que lo reclama.
Tras su detención, durante 40 días, Jesús Santrich sostuvo una huelga de hambre.
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El inversionista
El tráfico de cocaína no fue el único negocio de Jesús Santrich y Caro Quintero al amparo de postconflicto, también lo hicieron con la llamada “chequera de la paz”. En el proceso de reconciliación y paz en Colombia se incluyó la construcción de obra y la introducción de servicios en zonas controladas históricamente por las FARC.
En Colombia la “chequera de la paz” son los recursos públicos y donaciones extranjeras para las obras y servicios en el postconflicto.
En la adjudicación de dichos proyectos se encontraron irregularidades y tráfico de influencias.
Jesús Santrich y “La Familia” crearon una red para contactar empresarios constructores a los cuales les facilitaban la asignación de obras a cambio de un “moche”, del pago de un porcentaje de la obra.
Los guerrilleros tenían contemplado a Rafael Caro Quintero en la lista de empresarios interesados en invertir en los proyectos del postconflicto. El propio Jesús Santrich lo confirmó en una entrevista radiofónica.
“Es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser narco o no. A mi casa llegó mucha gente con la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz y toda la gente que llegó fue registrada por la Policía Nacional y la UNP. Mi casa siempre estuvo con las puertas abiertas para todo el que quisiera entrar a hablar del proceso, entonces no tengo un registro detallado de quién puede estar o no involucrado, eso le corresponde a las autoridades”, afirmó.
“Si yo tengo conciencia de que estoy tratando con alguien con ese tipo de imputaciones ¿iba a ser algo público, tomar fotografías con alguien, hacer una reunión en un sitio resguardado por la Policía? Eso no tiene lógica”, argumentó a manera de defensa al momento de que le cuestionaron si conocía que a Caro Quintero se le perseguía por narcotráfico.
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La agencia antidrogas norteamericanas y la fiscalía colombiana tienen un audio en el que presuntamente Marlon Marín y otros ex guerrilleros se organizan para inflar el costo de una obra para que se les pueda pagar la gestión de la asignación.
“Nosotros solo pedimos, como ‘familia’, el 5 por ciento (de anticipo), a parte de los 20 millones que van a dar. El otro 5 por ciento usted lo puede manejar. Porque usted sabe que otros cobran el 5, 12, 13 o el 14″, dijo en la conversación Marlon a Marín.
Noruega, Suecia y Suiza aportaron 200 millones de pesos para el Fondo Colombia Sostenible y Fondo Colombia en Paz, y ya solicitaron una revisión de los contratos y del manejo de los recursos.
El 12 de abril, tres días de la captura, como parte de la investigación sobre los proyectos productivos del posconflicto, el fiscal de conocimiento decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciado Marlon Marín.
Los nombres de Jesús Santrich y Marlon Marín aparecen juntos en la acusación formal de la corte de distrito de Nueva York, ya que ellos habrían conspirado para introducir cocaína a los Estados Unidos.
Jesús Santrich ha reconocido que tuvo encuentros con Marlon Marín para la contratación de obra.
“Él (Marlon Marín) venía presentando unas ideas de proyectos productivos, específicamente sobre granjas econativas en las zonas donde se implementarían los acuerdos de reforma rural. Esto lo venía haciendo con algún funcionario del Ministerio del Posconflicto, incluso con el doctor Pardo”, dijo Santrich.
Marlon Marín, quien en Facebook presumía fotos de sus viajes a distintos países, entre ellos Cuba, fue detenido y entabló una negociación con la DEA para convertirse en testigo y obtener beneficios en su juicio a cambio de entregar información y ofrecer testimoniales, el colombiano pidió como única condición el ingreso de su familia, esposa y dos hijas, al programa de protección de testigos norteamericano.
Con ello logró que la corte de Nueva York le retirara la solicitud de extradición por cargos de narcotráfico, con lo que se le facilitaría su traslado a Estados Unidos, donde hablará de los negocios de la FARC con el Cártel de Sinaloa y los negocios con la “chequera de la paz”.
Jesús Santrich se mantiene firme y las FARC le dan tratamiento de preso político mientras mantiene pláticas con el gobierno colombiano para su liberación a cambio de mantener el proceso de paz.
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Tráfico con la paz
Otro de los negocios que floreció en el postconflicto fue la venta de blindaje judicial. En marzo de 2018 se puso en marcha la Justicia Especial para la Paz (JUP), instancia que concentra expedientes de 6 mil 400 personas, entre guerrilleros e integrantes de la fuerza pública, y 11 mil 800 víctimas.
Este nuevo tribunal tiene la misión de garantizar el debido proceso y revisar cada caso para que los implicados puedan acceder a la amnistía, según lo planteado en la ley, incluso se revisarán temas de narcotráfico.
Semanas antes de la captura de Jesús Santrich, por las inmediaciones de su domicilio desfilaron familiares y abogados de capos, presuntamente para comprar un espacio en la lista de amnistía y de procesos judiciales especiales que eviten condenas a los que ya están en juicio, eliminen las sentencias firmes y evitar la extradición.
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Y al integrar su nombre en la lista de las FARC, los capos tendrán un tratamiento especial ante la JEP por ser parte del proceso de paz y justicia en Colombia.
De acuerdo con la DEA, uno capo Colombia que compró su espacio en la lista de las FARC, reveló el modus operandi de Jesús Santrich y su equipo, también conocidos como “La Familia”.
Varios colombianos que operaron para el Cártel de Sinaloa y para los que se les buscaba un tratamiento especial judicial o la amnistía se quedaron a un paso con la detención de Jesús Santrich.
