Académicos del Colegio de México (Colmex), vagoneras y la organización Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) denunciaron que las políticas de criminalización del comercio en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro están plagadas de violaciones contra los derechos humanos de los comerciantes y está muy lejos de solucionar sus problemáticas.
Durante la presentación del estudio “Justicia y trabajo bajo la CDMX: La situación laboral y la criminalización del comercio popular en el Metro”, se expusieron testimonios de las vagoneras y se señó a las autoridades de hacer prohibiciones ilegales, cobros de cuotas e infracciones de más de mil pesos y arrestos de más de 13 horas que violan los principios de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica.
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El sociólogo del Colmex, Erick Serna Luna, explicó que las personas que ejercen el oficio del comercio son estigmatizadas por políticas públicas que criminalizan sus actividades y que el reforzamiento del ejercicio policiaco ha cobrado la vida de al menos una persona.
Vacíos legales y anomalías
Tania Espinosa, coordinadora de Ciudad Focal de WIEGO en la CDMX, señaló que es cierto que el Reglamento de movilidad de la Ciudad de México prohíbe el comercio en los vagones. Sin embargo, aclaró que no se contempla en la Ley de Movilidad, pues no se menciona nada sobre el comercio popular en el Metro.
Espinosa explicó que el criterio de jerarquía normativa de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece que un reglamento no puede modificar o alterar el contenido de una ley. “En ese sentido estamos ante una prohibición que es ilegal”, aseveró.
La coordinadora de Ciudad Focal de WIEGO en la CDMX explicó que cuando un vagonero es detenido es trasladado al juzgado cívico, donde se les aplica la Ley de Cultura Cívica para sancionar el comercio en el Metro, por hacer ruido, obstaculizar entradas de inmuebles y usar el espacio público sin autorización; no obstante, no se señala nada de ejercer el comercio informal en los vagones del Metro.
“No hay una exacta aplicación de la ley, es decir, se sanciona con Ley de Cultura Cívica una conducta que no se encuentra en la Ley de Cultura Cívica”, detalló.
Sanciones
- mil 50 pesos de multa
- 13 horas de arresto en “El Torito”.
- En ocasiones se permite pagar con trabajo comunitario.
Espinosa afirmó que los jueces cívicos interpretan la Ley de Cultura Cívica e interponen sanciones sobre una falta que no se encuentra dicha regulación, y que en muchos casos asignan trabajo comunitario sin dar oportunidad de pagar la multa.
Se viola el debido proceso
Asimismo, señaló que se viola el derecho humano al debido proceso, pues las vagoneras muchas veces no son detenidas cometiendo el delito del que se les acusa y las autoridades las detienen por el simple hecho de conocerlos, o por su apariencia. También indicó que la policía hace uso excesivo de la fuerza y viola la integridad de las vagoneras, las golpea y viola la presunción de inocencia.