La revelación que hizo este diario sobre escuelas públicas en la Ciudad de México que operan en inmuebles de particulares y por las cuales se paga una renta mensual, tomó por sorpresa a padres de familia de alumnos que estudian en esas aulas educativas.
La declaraciones recabadas mediante un recorrido a los planteles que están bajo esta modalidad de arrendamiento por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), revelan total desconocimiento de los tutores sobre lo que hay detrás de los predios en donde continúa la formación académica de sus hijos.
La mayoría dijo ignorar que las escuelas se ubican en inmuebles que no son propios de la Autoridad Educativa en esta entidad y ante este desconocimiento mostraron preocupación sobre el futuro educativo de sus hijos, sabiendo del antecedente de la primaria Cristóbal Colón en donde cientos de niños fueron desalojados y tomaron clases por más de 10 días en la calle.
No obstante, la renta que paga la AEFCM no es desconocida por directivos, este es el caso de la primaria “José María Iglesias”, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, cuya directora Judith Bastida dijo saber sobre el alquiler que se paga mes con mes al propietario del predio, puesto que este contrato de arrendamiento lleva ya más de 50 años.
Demandan espacios propios
Al tomar conocimiento de que los espacios en donde estudian sus hijos son propiedad de particulares, los padres de familia coincidieron en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe destinar recursos para la adquisición de inmuebles para el tema que compete.
José Domínguez, cuyo hijo estudia en la primaria “José María Iglesias”, arremetió contra las autoridades educativas y afirmó que deben comprar espacios propios que sean seguros para maestros y alumnos a fin de garantizar la educación en esta entidad.
Además, dijo que si en algún momento se les avisa sobre un desalojo porque el particular decide dejar de rentar, tomaría acciones al respecto y protestaría como lo hicieron los afectados de la primaria ubicada en Corregidora número 83.
“Lo debe comprar el gobierno, que lo compre. (Si hay desalojo) trataría de organizarnos para protestar porque es una escuela no un negocio”
— - enfatizó.
A esta declaración se suma la de Brenda, madre de un menor que estudia en el Jardín de Niños M-218 “Francisco Zarco”, quien opinó que los impuestos que se cobran deberían emplearse en comprar predios que tengan las condiciones necesarias para la educación de los niños.
Asimismo, Reina Flores, de la misma escuela antes citada, detalló que el inmueble en donde estudia su hijo no cuenta con instalaciones seguras puesto que en la azotea es el lugar en donde se practican actividades recreativas y para llegar ahí es necesario que los niños suban por unas escaleras que no están en condiciones óptimas.
“El espacio donde suben es muy estrecho, puede haber un accidente. Sí la casa está habilitada, pero son espacios pequeños y son niños muy chiquitos”
— - lamentó.
‘Golpe’ a la educación
Especialistas opinan que la práctica de rentar inmuebles para operar como aulas educativas pone en riesgo a docentes y a alumnos, además de que vulnera el derecho a una educación de calidad.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, consideró -en entrevista con este diario- que ‘no hay comparativo entre rentar e invertir en un inmueble pues todo aquello que no es sostenible genera incertidumbre’, razón por la que ‘el Estado debería priorizar la inversión para reducir el riesgo de vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes’.
“Hay que tener presente que la educación es uno de los temas más vitales, lo que obliga al Estado a cumplir con establecimientos que tengan estándares de calidad”
— - enfatizó.
Abundó que por esta práctica los alumnos se encuentran en la incertidumbre por lo que exhortó a las autoridades a atender la situación pues es su responsabilidad otorgar ‘las condiciones materiales e inmobiliarias para el aprendizaje’.
Respecto al caso de la primaria “Cristóbal Colón”, afirmó que en la calle no se puede aprender ni en cualquier inmueble que no tenga las condiciones apropiadas puesto que totalmente representa un riesgo para los estudiantes.
Como una práctica de emergencia, abundó, es viable, ‘pero no puede considerarse como un elemento central de los servicios educativos’. En esta línea, agregó que es importante que en este momento, después de los momentos álgidos de la pandemia, el Estado mexicano incremente la inversión para la educación puesto que ya quedó demostrado que las escuelas son espacios seguros y de contención.
“La mejor inversión es adquirir establecimiento del gobierno federal y no a través de rentas, estos planes tienen que ser solo temporales como medidas urgentes buscando que no representen un riesgo para los estudiantes”
— - acotó.
¿Qué pasó con la primaria “Cristóbal Colón”?
A principios de marzo pasado más de cien niños de la primaria “Cristóbal Colón” fueron desalojados. Como protesta y para continuar con su formación académica, tomaron clases en la calle por más de diez días. La escuela está cerrada. Lo que pasó después se dará a conocer en la próxima entrega de este reportaje.
Tres preguntas a…
Fernando Ruíz, director de Investigación de Mexicanos Primero
¿Esta práctica es común de autoridades educativas?
- Conocemos de estos casos, estas situaciones en donde la Autoridad Educativa, por carecer de inmuebles para la apertura, ha acudido a este mecanismo que nos parece legítimo, pero lo que no parece es el acceso a una educación continua, no es que la autoridad niegue el servicio per pone en entredicho las condiciones de acceso de forma oportuna.
¿Qué refleja este mecanismo?
- Lo que nos refleja es que nuevamente las autoridades educativas continúan teniendo una estructura administrativa deficiente. Cuando suceden estas situaciones en donde la escuela se queda sin instalaciones por diversas situaciones poco claras no sabe cómo responder de forma rápida, los alumnos quedan fuera y tienen que implementarse una serie de medidas que no son ágiles y terminan no respondiendo a intereses inmediatos de los niños, tienen que estar en la calle o repartidos en otros espacios.
¿Vulnera el derecho a la educación?
- Digamos que acrecenta los riesgos para los niños por el hecho de no contar con instalaciones propias en donde muchas veces los dueños de los predios imponen sus limitaciones para las adecuaciones para que funciones de forma adecuada, o incluso con su propia normativa. Sin duda es un problema financiero en el que las autoridades son omisas.
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