Hasta 70% del comercio mexicano está en riesgo por la controversia que inició Estados Unidos contra México, en el marco del T-MEC, como rechazo a la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron especialistas consultados por Publimetro.
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Ello, sin contar con las sanciones económicas, comerciales y de inversión que puede enfrentar el gobierno mexicano, por su decisión de privilegiar a la CFE y Pemex, por encima de cualquier otro inversionista, cancelar contratos y negar permisos a participantes privados del sector eléctrico e hidrocarburos.
Este martes pasado, 19 de julio de 2022, Estados Unidos solicitó un proceso de consultas con México, suscrito en las reglas del T-MEC; debido a “violaciones” en varios capítulos del acuerdo comercial; argumentando políticas discriminatorias a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A través de un comunicado, la Representación Comercial de EU advirtió que las consultas son un primer paso para evitar que las empresas estadounidenses sean afectadas por las políticas energéticas del gobierno mexicano; pero si no hay un acuerdo, se daría paso a la conformación del panel de solución de controversias.
En respuesta a la petición de la Casa Blanca, la Secretaría de Economía de México confirmó que recibió la solicitud para iniciar las consultas e indicó que ambos países tienen 75 días para solucionar dicho problema en esta primera etapa; o bien, escalar a la resolución del panel de controversias.
México tiene todas las de perder
El profesor de Tratados de Libre Comercio de la Universidad Iberoamericana, Carlos Aguirre, advirtió que México literalmente “tiene todas las de perder” en la controversia iniciada por EU contra la política energética del gobierno del presidente López Obrador, a la que también se sumó Canadá.
Ello, explicó, porque cuando se favorece a la CFE y a Pemex sobre el resto de los inversionistas y empresas privadas del sector, da un trato discriminatorio e impone monopolios; además de que no favorece el uso de energías limpias como la fotovoltaica y eólica, que quedan fuera al dar prioridad a las empresas del Estado mexicano.
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El también abogado y especialista en comercio internacional precisó que el Artículo 22.4 del Capítulo 31 del T-MEC, establece que ninguno de los países firmantes del acuerdo puede dar un trato menos favorable a las empresas e inversionistas extranjeros que el que otorgue a sus propias compañías.
De tal suerte, que al favorecer a CFE y Pemex sobre el resto de los participantes del mercado, nacionales y extranjeros, México “infringe claramente el T-MEC, porque el gobierno discrimina a las empresas de otras partes” como las estadounidenses o de Canadá.
Consecuencias para México
El especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Ramón Martínez, advirtió que la controversia con Estados Unidos pone en riesgo hasta 70% del flujo comercial de nuestro país; debido a que EU es comprador principal de productos mexicanos.
Explicó que si no hay una solución satisfactoria –dentro de las consultas o el panel de controversias- EU puede imponer aranceles compensatorios y restricciones a las exportaciones mexicanas en los productos que más le pegan a la economía nacional como los agrícolas y manufacturas.
El especialista indicó que esto último tendría un efecto negativo en cascada sobre el crecimiento, las inversiones y la creación de empleos en el país; cuyo impacto, no sólo golpearía a los productores y empresas ligadas a comercio exterior, sino a todas las familias.
Ello, sin contar que, si no garantizan los acuerdos firmados en el T-MEC y no reconocer los contratos con inversionistas del sector eléctrico y de energía, otros gobiernos y empresas de otros mercados impondrían restricciones comerciales y de inversión a México semejantes a las que enfrentan Venezuela y Cuba.
Por si fuera poco, Ramón Martínez indicó que las compañías afectadas por la política energética del gobierno de la 4T también pueden iniciar procesos de arbitraje internacional, para que México pague el daño económico ocasionado, más intereses; que hoy alcanzaría más de tres mil millones de dólares.
Controversia a detalle
El investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, Carlos Alberto Bautista, detalló que, de acuerdo al Capítulo 31 del T-MEC, la controversia iniciada tiene cuatro fases:
1. Consultas
Se activa cuando un proyecto o decisión es incompatible con una obligación de Tratado; o cuando se incumple una obligación del acuerdo. Este proceso dura entre seis y ocho meses en promedio y su objetivo es encontrar acuerdo que cubra satisfactoriamente el reclamo presentado.
2. Conciliación e intermediación
Si las consultas no arrojan una solución, los países miembros del T-MEC pueden solicitar la intervención de asesores y técnicos o crear grupos de trabajo o expertos, para emitir recomendaciones o iniciar proceso de conciliación e intermediación, para lograr acuerdos.
3. Establecimiento de un panel
El panel estará conformado por cuatro árbitros, seleccionados por los países en disputa y un presidente, quienes se encargarán de recibir argumentos, analizar pruebas, determinar si hubo algún incumplimiento a las reglas del tratado y emitir un informe final que determine la disolución de los motivos de controversia; en este caso, la Ley de la Industria Eléctrica.
4. Si el país demandado...
Si México recibe un fallo en contra, será sujeto de sanciones arancelarias en los sectores donde se ubican los incumplimientos, hasta el monto del daño económico causado; y si no elimina las violaciones señaladas, las sanciones se extienden a otros sectores.
