SAN DIEGO (AP) — La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración pidió el jueves al gobierno federal que restablezca su reconocimiento como sindicato después de que la administración Trump le quitara su estatus oficial.
La asociación, fundada en 1971 y que desde hace tiempo busca una mayor independencia del Departamento de Justicia, fue un blanco recurrente de los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que dijeron que los jueces tardaban demasiado tiempo en decidir los casos.
Su gobierno ordenó a cada juez que completara 700 casos anuales a cambio de revisiones de rendimiento satisfactorias, un objetivo que fue descartado por el gobierno de Joe Biden.
El número de casos de inmigración rezagados se ha triplicado desde 2017 hasta alcanzar los 1,8 millones. Los casos de personas que no están detenidas tardan varios años en resolverse.
La Autoridad Federal de Relaciones Laborales despojó a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración de su estatus oficial, avalando el argumento de la administración Trump de que los jueces eran similares a los empleados gerenciales sin derechos de negociación colectiva.
Pero el sindicato espera que se revierta la situación después de que el panel de tres miembros pasara a ser controlado por los demócratas en mayo.
El sindicato dijo que la mayoría de los aproximadamente 550 jueces de inmigración ha firmado una petición en los últimos dos meses para que se restablezca el reconocimiento del sindicato.
La administración Trump “hizo todo lo posible para silenciar injustamente a los jueces de inmigración”, dijo Mimi Tsankov, presidenta del sindicato, que opera bajo la federación AFL-CIO.
Aunque los jueces de inmigración llevan togas negras y presiden en tribunales, se les considera fiscales federales del Departamento de Justicia y pueden ser destituidos por el secretario de Justicia.
En cambio, los jueces federales que supervisan los asuntos penales y civiles son nombrados de por vida y trabajan para el sistema judicial.
