El diputado local del PRI, Enrique Nieto, propuso que el maltrato o abandono animal en la Ciudad de México se castigue con tratamiento psicológico o trabajo comunitario y no con la cárcel.
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A través de una iniciativa, busca modificar el artículo 350 Bis y 350 Ter del Código Penal del Distrito Federal para que la autoridad pueda sustituir, total o parcialmente, la prisión para los infractores por tratamiento psicológico o por la prestación de jornadas de trabajo comunitario.
En ambos casos, estos castigos serían por 180 días. Y es que, de acuerdo al legislador, tener una mascota es una responsabilidad, por lo que se debe educar a las personas más que castigarlos con cárcel.
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Asimismo, recordó que los principales motivos de abandono de los animales son: las camadas indeseadas (14%), cambio de domicilio (13.7%), factores económicos (13.2%) y la pérdida del interés por el animal (11.2%).
Enrique Nieto explicó que si la autoridad no sustituye la cárcel, las personas que maltraten o causen sufrimiento a un animal, pasarán de seis meses a dos años de prisión, además deberán pagar una multa de cuatro mil 811 a nueve mil 622 pesos.
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Además, estas personas no podrían laborar en centros de trabajo cuyo giro involucre el trato o manejo de animales hasta por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta o hasta haber concluido tratamiento psicológico o trabajo comunitario decretado por autoridad competente.
En tanto, quien abandone a una mascota podría pasar de seis meses a un año de prisión y deberá pagar una multa de 24 mil 55 a 43 mil 299 pesos.
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La iniciativa señala que estas penas serán aumentadas en una mitad cuando se cometa por servidores públicos que, derivado de sus funciones, tengan por encargo el cuidado de animales.
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El priista puntualizó que la reciente crisis sanitaria ha provocado que se incremente el abandono de mascotas en un 15%.
“En la mayoría de los casos, los dueños declararon que simplemente ya no los querían”. Esta propuesta fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal.
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