Luego de que se concediera un amparo al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, para detener la difusión de audios en su contra; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, arremetió contra el juez federal que otorgó el amparo al priista.
En la emisión del 26 de julio del Martes del Jaguar, Sansores aseguró que la resolución del juez federal del estado de Nuevo León, Víctor Hugo Alejo Guerrero, pone en entredicho el papel del Poder Judicial.
La mantaria estatal afirmó que el juez “es un brother” de Moreno Cárdenas, aludiendo al último audio que exhibió el 19 de julio sobre “Alito” tras el cual la mandataria afirmó que el priista tenía varios “brothers” en los medios de comunicación, y afirmó que el representante del poder judicial tiene varios “señalamientos”.
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“Habrá que investigarlos, no lo estamos acusando, pero ya tan solo eso a nosotros nos crea la duda” indicó Sansores previo a que en compañía de Juan Manuel Herrera Real, se asegurara que el juez federal es señalado por dar la libertad a un presunto asesino.
«Ya da preocupación que exista el “brotherismo” también en el Poder Judicial, ya lo vimos con los empresarios, con los periodistas y ahora va a también tener sus brothers en el poder judicial ahí sí que es preocupante».
— Layda Sansores.
Por su parte, el consejero jurídico del gobierno de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, refirió que se presentó una impugnación contra la suspensión de plano que le fue concedida a “Alito” Moreno. Asimismo, argumentaron no haber entrado en desacato con la suspensión del poder judicial al difundir el audio del 19 de julio, pues indicaron que fueron notificados hasta las 21:00 horas del miércoles 20 de julio.
Cabe señalar que durante su programa, la gobernadora de Campeche se refirió en todo momento a Moreno Cárdenas como “El Brother” y presentó una historia que hace referencia a los nueve audios que presentó con anterioridad, los cuales vinculan al dirigente del PRI con presuntos fraudes inmobiliarios, supuesta financiación ilegal de campañas y presuntas extorsiones a empresarios.
