La defensa legal del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, posponer el juicio en contra de su cliente programado para el próximo mes de octubre.
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De acuerdo con el equipo de abogados, encabezados por César de Castro, la admisión de nuevas pruebas aportadas por los fiscales de Nueva York--cinco aparatos electrónicos con documentación y cuatro mil 900 grabaciones--, es uno de los argumentos de los representantes legales para posponer la comparecencia.
Así, aunque la fecha programada para el juicio es el 24 de octubre del 2022, los abogados de García Luna buscan revertirla y que se lleve a cabo hasta el 9 de enero del 2023, en el evento en el que pretenden aclarar los nexos de García Luna con el crimen organizado o el tráfico de drogas
La nueva medida de los representantes de García Luna deriva de las 13 mil páginas de pruebas o evidencias en contra del exsecretario de Seguridad, quien también tendría en su contra los dichos de 15 testigos protegidos que hablaron por la actuación de la Fiscalía de Nueva York.
Dentro de los participantes en el juicio, figura el nombre de Jesús “El Rey” Zambada, quien es una de las piezas clave para hablar sobre su relación con el exsecretario de Seguridad, después de que declarara en el juicio de “El Chapo” Guzmán la entrega de maletines con dinero a nombre del Cártel de Sinaloa.
Sobre la admisión de pruebas que la Fiscalía de NY no agota, el juez Brian Cogan estableció como uno de los límites 14 mil páginas de argumentos que prueben la culpabilidad de Genaro García Luna en la conspiración para la distribución de cocaína, en relación directa con el Cártel de Sinaloa.
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Apenas el pasado 15 de julio, Cogan indicó que no estaba descartado un nuevo aplazamiento del juicio en contra de García Luna, por lo que la decisión sobre su realización en la Corte de Nueva York aún está en el aire; sin embargo, el jurado del acto será anónimo por el perfil del exsecretario de Seguridad Pública.
“Como exfuncionario gubernamental de alto rango con vínculos profundos tanto con el gobierno mexicano como con el Cártel de Sinaloa, es probable que tenga la intención y los recursos para intimidar a los testigos”, indica un documento de la Corte.