La Fiscalía General de Morelos emitió una ficha de búsqueda en contra de María de la Cruz “N”, Nataly “N”, Leobardo “N” y Primitivo “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ya que son los presuntos responsables de haber prendido fuego a Margarita Ceceña el pasado 1 de julio en un comercio localizado en Cuautla.
Las autoridades detallaron que será la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio la encargada de continuar con las acciones correspondientes.
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“Los agresores, que son familiares de la víctima, se acercaron a ella y en ese momento un masculino, identificado como Primitivo, habría rociado gasolina y a un menor de 14 años prendiéndole fuego a la mujer, lo que le ocasionó lesiones por quemadura en 80% de la superficie corporal, fue trasladada a bordo de un automóvil particular al Hospital general de Cuautla y posteriormente canalizada al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la Ciudad de México en donde finalmente perdió la vida este domingo 24 de julio”.
Fue hasta el 2 de julio cuando la madre de Margarita levantó la denuncia correspondiente, además de que no hay reporte de que ni el gobierno municipal ni los médicos del hospital notificaron de la agresión.
Luego de la denuncia de Andrea “N”, madre de la víctima, se inició la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el 4 de julio se establecieron las medidas de protección en el domicilio de la afectada y se solicitó la intervención de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia para la atención psicológica de los hijos de Ceceña.
“A partir de este martes, derivado del deceso de Margarita Ceceña, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, asume los actos correspondientes para continuar con la carpeta iniciada y realizará la calificación jurídica que corresponda para continuar con el proceso por el delito de feminicidio”.
Finalmente, la fiscalía estatal investigará para saber si hubo omisiones de los servidores públicos de esa institución que haya afectado al acceso a la justicia para las víctimas, en caso de ser así se aplicarán las sanciones que correspondan en caso de confirmarse algún acto contrario al servicio público.
