MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Acusado de supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas, Suazo lleva más de dos meses recluido de manera provisional en la cárcel Jorge Navarro de Tipitapa, en el departamento de Managua, ha informado el diario nicaragüense 'Confidencial'.
"La Jueza Ulisa Tapia Silva condenó a 10 años de prisión a Yubrank Suazo por el delito de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por noticias falsas, así como 800 días multa que equivale a 56.456 córdobas (1.500 euros)", ha condenado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
En 2018, el opositor fue encarcelado por primera vez y acusado por supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos. En junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la controversial Ley de Amnistía creada por el Gobierno, según el citado diario.
Anteriormente, organizaciones sociales habían condenado la detención "arbitaria" del Suazo y habían exigido al Gobierno liderado por Daniel Ortega que garantizase su integridad física y que facilitara la comunicación con sus familiares.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)condena la detención arbitraria del líder estudiantil Yubrank Suazo, en la madrugada de 17 de mayo en Masaya. El Estado debe garantizar de forma urgente su integridad física, y facilitar la comunicación con sus familiares y representantes legales", agregó la organización.
Las manifestaciones de 2018, que comenzaron por una polémica reforma de la seguridad social y acabaron pidiendo la "democratización" del país, se saldaron con la muerte de más de 300 personas debido a la actuación de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aconsejar que el líder 'sandinista' fuera juzgado por delitos de lesa humanidad.
Las elecciones del pasado noviembre estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en el punto de mira del Gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
Asimismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado mes de abril una nueva ley que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
