MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
"Hay amenazas graves, incluidas amenazas de muerte que son habituales en Colombia para los activistas que cuestionan las actividades empresariales, en particular en la industria intensiva en terrenos", ha apuntado Lawlor.
Así, desde la ONU han recordado el caso de Pedro Jose Velasco Tumiña, un indígena misak que ha recibido amenazas por denuncias sobre el uso de tierras.
Desde julio los indígenas misak y nasa y otros campesinos han denunciado a la empresa irlandesa Smurfit-Kappa por su uso de tierras en el departamento de Cauca. Se trata de una empresa líder en la fabricación de cartón para el empaquetado.
En 2021 la empresa controlaba más de 67.000 hectáreas en Colombia, la mayoría plantaciones de pino y eucalipto.
Los activistas denuncian el impacto negativo del uso de estas tierras para el medio ambiente y para los derechos humanos y piden una aplicación justa de la reforma agraria prevista en el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así piden su derecho sobre esas tierras en virtud de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Velasco Tumiña comenzó a recibir amenazas de muerte en agosto de 2021 e incluso viajó a Dublín recientemente para trasladar sus quejas a la empresa, pero tras volver a Colombia recibió una nueva amenaza de muerte.
Los expertos de la ONU denuncian la muerte de al menos una persona desde que comenzaron las protestas. Un hombre fue tiroteado por las fuerzas de seguridad el pasado mes de agosto.
"El Estado debe cumplir con su deber y proteger los derechos humanos e investigar cualquier denuncia. Las amenazas contra Pedro son lamentables y hay que tomarlas en serio, como otras cuestiones que plantea", han indicado los expertos de la ONU.
En concreto han recomendado medidas al nuevo gobierno que toma posesión con el presidente electo Gustavo Petro este domingo. "El próximo gobierno debería animar a las empresas a relacionarse constructivamente con los defensores de los derechos humanos para garantizar que las empresas respetan los derechos humanos. Las empresas deben declarar públicamente su voluntad de hacerlo, incluso si los defensores afectan a las operaciones de las propias empresas", han resaltado.
