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PAN pide a SCJN declarar inconstitucional acuerdo sobre ‘militarización’ de Guardia Nacional

El dirigente tachó como un fracaso la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y el paso de la Guardia Nacional al Ejército

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que su partido acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sea declarado inconstitucional.

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Sobre los hechos que ocurrieron a lo largo del fin de semana en Chihuahua, Baja California, Michoacán, y antes en Guadalajara y Guanajuato, Cortés tachó la estrategia de seguridad del mandatario mexicano, basada en la GN, como fallida por la ola de delitos que vive el país.

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“Ante el anunciado decreto de militarizar al país, Acción Nacional exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, con altura de miras y autonomía, haga valer el Estado de Derecho y lo declaré inconstitucional”, indicó.

Así, se lanzó contra el “abrazos no balazos” de la administración obradorista y afirmó que la delincuencia organizada se ha fortalecido con la actuación del gobierno.

“Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo y el crimen organizado avanza y se expande. El país entero se le está incendiando a López Obrador, la incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos, tristemente México se está convirtiendo en uno de los más violentos del mundo”, aseguró en un video difundido en su cuenta de Twitter.


El dirigente del PAN indicó que el país se encuentra sumido en un escenario complejo, por lo que hace falta una actuación distinta por parte del gobierno federal.

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Urge corregir el rumbo, la estrategia se convirtió en un auténtico fracaso, hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca”.

Marko Cortés se pronunció sobre el desmantelamiento de algunas policías y se dijo a favor de que la seguridad pública la ostenten los agentes de carácter civil.

Acudiremos a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes porque nosotros estamos convencidos que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil, no de militares”.

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