El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortó a que se mantenga la prisión preventiva oficiosa como parte del proceso penal a fin de evitar corrupción al interior del Poder Judicial, ante el debate que se planteó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a solicitud del ministro, Luis María Aguilar, para eliminarla.
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“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, indicó a través de un comunicado.
En este sentido, la administración de López Obrador aseguró que el Estado invierte recursos en operativos e inteligencia para lograr las capturas de presuntos criminales, por lo que esta medida cautelar favorece que no se evada la justicia.
Al respecto, especificó que es una garantía de protección para las víctimas, los testigos y que no se siga con la comisión de diferentes delitos por parte de los presuntos autores que tienen acusaciones ante las diferentes fiscalías del país.
Algunos de los delitos que aseguró el gobierno, de acuerdo con la Constitución, deben enfrentar en prisión los presuntos responsables son los siguientes:
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Robo a casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción (cuando se trate de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones)
- Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
- Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.
Quitar prisión preventiva aumenta presión sobre jueces
La Secretaría de Gobernación (Segob) y Presidencia de la República, del gobierno de México, indicaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución desde el 2008, expone a los jueces a violencia o corrupción si solo recae en ellos la determinación.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
De tal forma, se solicito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tome en cuenta la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y a las tareas de las fuerzas federales antes de eliminar la prisión preventiva.
Uno de los motivos que despertó el debate fue el caso de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, quien fue encarcelada y no se le dictó sentencia, por lo que el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, elaboró un proyecto para declararla inconstitucional, debido a la privación anticipada de la libertad y por atentar en contra del principio de presunción de inocencia.
