Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, volvió al centro de la opinión pública tras imponer un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el que exige el 40% de las ganancias de la producción televisiva de “La Reina del Sur” a Netflix y Telemundo, debido al uso de su imagen sin su consentimiento.
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De acuerdo con información en poder del diario Milenio, la serie protagonizada por Kate del Castillo, basada en la novela del escritor español, Arturo Pérez-Reverte, su defensa legal aseguró que su imagen se deteriora al tratarla como una narcotraficante en la producción televisiva.
Sin embargo, solo es el inicio de una disputa legal entre los dos gigantes de la televisión y Ávila Beltrán, pues su abogado, Israel Razo Reyes, aseguró que podrían recurrir a una demanda en contra de ambas empresas por daños y perjuicios, de no concretarse la negociación en la que reclaman parte de las ganancias.
“Es una afectación directa a su imagen”, indicó Razo Reyes en un espacio noticioso del medio de comunicación.
El pasado mes de julio, luego de siete años de salir de la cárcel, se mostró a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde indicó que se comunicará con sus seguidores, al ser exonerada de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.
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Aunque el reclamo de “La Reina del Pacífico” se puntualizó en 40% de las ganancias obtenidas por la serie de dos temporadas, no se conoce públicamente a cuánto asciende económicamente dicho porcentaje, especificó su abogado en una entrevista.
En este sentido, el expediente ante el IMPI, al que tuvo acceso Milenio, expresa que hubo dolo en la producción y distribución de la serie de ficción con el objetivo de perjudicar públicamente a “La Reina del Pacífico”, quien se alejó del mundo del narcotráfico y ahora incursiona en las redes sociales.
La “Reina del Pacífico” fue acusada de ser el cerebro de las finanzas del Cártel de Sinaloa, por la cual fue detenida en el año 2007 debido a sus relaciones con el narco. En 2012 fue extraditada a Estados Unidos y, después de 70 meses, devuelta a México, donde permaneció en un penal de Nayarit.
