Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, detalló que con motivo de la investigación al llamado Cártel Inmobiliario, el cual habría construido decenas de edificios habitacionales en la alcaldía Benito Juárez de manera irregular, se detectó que los inmuebles tienen entre uno y siete pisos más a lo permitido por la normatividad.
La mayoría de ellos se localizan en las colonias con más alta plusvalía de esa demarcación, como Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Nápoles, en donde se detectaron al menos 69 edificios con posibles irregularidades en su construcción, los cuales fueron edificados entre 2014 y 2021.
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“Dichos inmuebles violan las normas de construcción a raíz de un posible contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias para obtener dividendos extras mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos”, dijo Lara.
El funcionario puso como ejemplo un edificio en la calle Filadelfia de la colonia Nápoles, se detectó que la construcción tiene 10 niveles, cuando tenía permitido solo seis. Otro se ubica en la calle Boston, en la colonia Noche Buena, se construyeron siete pisos, cuando tenía permitido únicamente tres.
Ulises Lera destacó que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio tiene resguardados los folios reales de los inmuebles para que no puedan ser comercializados debido a las anomalías detectadas.
Pese a que las autoridades correspondientes pidieron a la alcaldía Benito Juárez llevar a cabo las sanciones necesarias contra las constructoras para que demolieran los pisos excedentes, además de que los funcionarios involucrados fueran sancionados, se presumen que no se implementó ninguna acción.
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“También fue asegurado el folio real de un inmueble ubicado en Angelópolis, Puebla, que se suma a las más de cuarenta propiedades posiblemente relacionadas con exservidores públicos de la demarcación Benito Juárez, quienes se encuentran imputados por el delito de enriquecimiento ilícito”.
Finalmente, se aseguraron 46 cuentas bancarias cuya propiedad corresponde a dichos exservidores públicos y a las empresas a su nombre y que son producto de dichos delitos.
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