BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia abrió el martes una nueva investigación sobre un presunto entramado criminal en el que militares, policías y agentes del Estado se asociaron con grupos paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno que se extendió por cinco décadas.
Entre los presuntos crímenes hay más de 8.300 homicidios, 1.600 casos de tortura y 2.900 desplazamientos que según el Tribunal son atribuidos de manera directa a la fuerza pública, la mayoría entre los años 2000 y 2009. Además, investigará la responsabilidad penal que puedan tener los militares por crímenes que ejecutaron los grupos paramilitares.
Más de 3.400 miembros de la fuerza pública comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los delitos cometidos en el conflicto interno creado luego de que el Estado firmara un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que llegó a ser la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Además de los militares, el Tribunal de Paz investiga y busca sancionar a más de 9.800 exguerrilleros de las FARC que entregaron las armas. Los comparecientes se comprometieron a contar la verdad a cambio de beneficios jurídicos que pueden evitar que vayan a la cárcel.
El Tribunal encontró que entre las razones que motivaron las acciones criminales estaban los señalamientos de pertenecer o apoyar a las guerrillas; el favorecimiento de agentes estatales a particulares para salvaguardar intereses económicos -lo que incluye el acaparamiento de tierras de campesinos-, así como la captura de rentas y dinero del Estado para la consolidación de los grupos paramilitares.
