La interposición de un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por parte de Sandra Ávila Beltrán, alias “La Reina del Pacífico”, para que Netflix y Telemundo le entreguen el 40% de las ganancias por la serie de “La Reina del Sur”, protagonizada por Kate del Castillo, fue rechazado por las compañías de televisión.
Te puede interesar: Grupos del narco usan a ONG, estudiantes y empleados para lavar millones a discreción al extranjero
Según información en poder del diario Milenio, dicho medio pudo acceder a las respuestas por escrito de ambas empresas televisivas, que recurrieron a una prestigiosa firma de abogados para expresarle a Ávila Beltrán y sus representantes legales que no obtendrán ningún porcentaje de las ganancias por la producción televisiva.
En este sentido, con ayuda de su equipo legal, las compañías televisivas justificaron que no tienen sustento jurídico las exigencias de “La Reina del Pacífico”, por lo que una de sus acciones será pedir al IMPI que deseche el proceso que inició Ávila Beltrán, pues la serie de televisión trata el tema desde un punto de vista periodístico, centrado en una figura pública.
De esta forma, se lee en uno de los documentos citados por Milenio que el pasado de “La Reina del Pacífico” es de interés público, por lo cual “hablar de ello no es una invasión a la privacidad de la actriz ni un morbo”. Así, “es justificado hacer periodismo sobre ella al existir interés en hablar sobre impartición de justicia”.
![](https://www.publimetro.com.mx/resizer/v2/N355PEXOJZCFZDOPB5SOKKUPAI.jpg?auth=3bfdc124b40b447df2a29f36394e37a58ea11e4239d7cb834154d2e68b6837aa&width=800&height=528)
Tanto Netflix como Telemundo mostraron seriedad sobre el inicio del proceso levantado ante el IMPI, pues existía la posibilidad de una demanda por daños y perjuicios, y acudieron a la firma de abogados Basham, Ringe y Correa, a fin de robustecer su postura frente al reclamo por el 40% de regalías de la serie de televisión que protagonizó Kate del Castillo.
Así, ambas compañías ampararon su defensa con base en el artículo sexto constitucional, por la libertad de expresión de ideas, tanto en textos como en productos televisivos que traten temas de interés público para la sociedad mexicana.