Evelyn Salgado envió al Congreso de Guerrero una propuesta para que se tipifique como un delito al matrimonio forzado infantil en la entidad. La mandataria estatal presentó cinco iniciativas de ley a los legisladores entre las que destaca la intención de prohibir las uniones tempranas y cohabitación forzada que ocurren con regularidad en contra de mujeres, niñas y adolescentes en las regiones de la Costa Chica y La Montaña.
“La prohibición de cualquier forma de unión temprana, cohabitación forzada; así como cualquier figura que se equipare al matrimonio forzado de una niña o adolescente. En este sentido, presentamos la incorporación de cohabitación forzada como delito en el Código penal del estado de Guerrero”, indicó Salgado Pineda, quien desde antes de asumir el cargo como gobernadora se comprometió a que el tema de los matrimonios forzados sería parte de su agenda.
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El Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, tiene un registro de cerca de 300 casos de matrimonio forzado infantil que se concentran en, al menos, siete municipios de la entidad como Tlapa, Alcozauca, Copanatoyac, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Xalpatlahuac.
Uno de los últimos casos que se suscitó en Guerrero es el de Celia, una niña de 14 años que fue vendida por 160 mil pesos en Cochoapa; sin embargo, después los policías comunitarios de la demarcación la encarcelaron porque su suegra la acusó de haber abandonado a su hijo; así como por la deuda de los 160 mil pesos por los que fue comprada.
A lo largo de los años, Tlachinollan y otras organizaciones se han dado a la tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes que son obligadas a contraer matrimonio o mantener una uniones forzadas a cambio de una remuneración económica para las familias bajo el amparo de los usos y costumbres.
La cinco iniciativas que propuso Salgado Pineda
- Incorporación del delito de cohabitación forzada, que busca prohibir matrimonios forzados y uniones tempranas.
- Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, que busca evitar la duplicidad de plazas, disminuir la burocracia (sin despidos) y modernizar los manuales.
- Sancionar el uso inadecuado de los números de emergencia como el 911 y el 089. La gobernadora firmó que el 90% de las llamadas de emergencia que se reciben son falsas.
- Iniciativa para hacer de la austeridad republicana una ley en Guerrero
- Reconocimiento de la Sierra como la octava región del estado.
