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Las consecuencias del rechazo de la nueva constitución en Chile

Más de 15 millones de chilenos han sido llamados a participar en este proceso en el que el voto es obligatorio por primera vez en 13 años

Votación en el referéndum constitucional en Chile PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO (PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA/Europa Press)

El Servicio Electoral de Chile (Servel) ha informado de que, según los datos preliminares, el ‘rechazo’ al referéndum del proyecto de una nueva Constitución se ha impuesto frente al ‘apruebo’ con una amplia mayoría.

Con el 72.19 por ciento de las mesas escrutadas —cerca de 28 mil mesas de un total de 38 mil 700—, el ‘rechazo’ obtiene el 62.20 por ciento de los votos, mientras que el ‘apruebo’ consigue el 37.80 por ciento de las papeletas.

De estos votos, el 1.52 por ciento ha sido nulo, mientras que el 0.58 por ciento ha sido voto en blanco.

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El Servel ha detallado que en las 16 regiones del país se ha impuesto la opción del ‘rechazo’, mientras que la del ‘apruebo’ ha ganado únicamente en el extranjero, resultados que el Servel incorporó al sistema en un primer momento por la diferencia horaria.

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional, sin importar cuál sea la opción ganadora.

Entre los partidos políticos de Chile, ya sean de izquierdas o derechas, existe un consenso político de que hay que llevar a cabo una nueva Carta Magna que elimine la Constitución del exdictador Augusto Pinochet, y que sea elegida por la ciudadanía.

El cierre de mesas en los colegios electorales de Chile se produjo a las 18 horas (medianoche en la hora peninsular española), momento en el que comenzó el conteo oficial de votos.

Más de 15 millones de chilenos han sido llamados a participar en este proceso en el que el voto es obligatorio por primera vez en 13 años, incluidos los chilenos residentes en el extranjero. Por ello, la participación en este plebiscito se considera histórica.

Los votantes han respondido a esta pregunta: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.

Según el texto propuesto, el Estado de Chile pasaría a ser considerado como “plurinacional”, se contempla el derecho de las poblaciones indígenas a opinar sobre asuntos que les afecten y se ponen por escrito derechos sobre el aborto —sin nombrarlo expresamente— o en materia de vivienda.

Las reformas se extenderían también a algunas de la principales instituciones, con un cambio estructural en el sistema judicial y la desaparición del Senado, reconvertido en una Cámara de Representantes en caso de que triunfe el ‘apruebo’.

Qué pasará ahora

Dado que se impuso la opción del “Rechazo”, seguirá vigente la Constitución legada por los militares.

Sin embargo, la oposición representada en el Congreso y que se oponía a la nueva carta magna, se comprometió a promover una decena de reformas a la actual Constitución, entre ellas una para sustituir el actual Estado subsidiario por uno social de derechos.

Previo a la votación, la oposición prometió “garantizar el acceso y adecuado ejercicio” de los derechos sociales en educación, salud y vivienda, en un país donde quienes tienen dinero acceden a mejores y más rápidos servicios privados.

El Congreso aprobó el 10 de agosto una ley que rebajó los votos necesarios para reformar la Constitución heredada de los militares (de 66% a 57%), anticipándose a un posible triunfo del “Rechazo”.

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Derrota para Boric

El presidente Boric se involucró en la campaña a favor de la nueva Constitución, con la idea de promulgarla una vez que ganara el “Apruebo”.

Sin embargo, dado que el resultado fue mayoritario por el “Rechazo”, esto se considera una derrota política para el presidente.

Sobe el tema, un par de senadores de centroizquierda se pronuncian por promover un proyecto de ley de rápida aprobación —que el Ejecutivo aún no hace suyo— para reformar el actual artículo 142 y que Boric pueda convocar a la conformación de otro órgano constituyente que trabaje en otra elección.

El Servicio Electoral calcula que necesitaría al menos de 140 días para convocar a otra elección.

Analistas consideran que el mandatario tendrá que llevar a la práctica su plan con el que prometió transformar el país y que incluye reformas tributarias, a la salud, pensiones, educación, las cuales quedaron en espera hasta después de la celebración del plebiscito.

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