A poco más de dos años del feminicidio de Ingrid Escamilla, este lunes en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia Local con sede en el Reclusorio Oriente, se espera que se dicte sentencia condenatoria al imputado Erick Francisco “N”, quien fuera su pareja sentimental; el feminicida luego de asesinarla le quitó la piel.
Las imágenes del acto criminal se difundieron en diversos medios de comunicación, lo que provocó la indignación de sus familiares y diversas organizaciones civiles, y derivó en la implementación de la llamada “Ley Ingrid”, vigente actualmente y que impide la difusión de imágenes, audio y video de un crimen de esas magnitudes cuando la víctima es una mujer.
Fue el pasado 9 de febrero del 2020 cuando Ingrid fue víctima de feminicidio al interior de su domicilio, en ese mismo lugar su esposo Erik Francisco “N”, fue detenido en flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Alcaldía en Gustavo A. Madero; luego de eso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo suficientes evidencias para ejercer acción penal y remitirlo a disposición del Juez de Control.
Durante la primera audiencia y después de analizar los datos de prueba aportados y tras el debate de las partes intervinientes, el juez que tomó el caso consideró que existieron elementos suficientes para dictarle auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio; asimismo se le decretó como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa por así establecerlo la ley.
El procedimiento en sus diversas etapas ha durado poco más de 2 años 6 meses; en la fase de investigación complementaria la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la FGJ-CDMX se avocó a recabar los datos y medios de prueba como los fueron peritajes, testimonios, grabaciones y demás pruebas que sirvieron para imputar al feminicida, todo esto fue base para sostener la acusación que formuló el primer Fiscal asignado al caso.
En la etapa intermedia, el Fiscal asignado ofreció los medios de prueba necesarios que acreditarían el hecho y la participación del acusado en los mismos; las víctimas indirectas se constituyeron en parte coadyuvante de la fiscalía con el patrocinio de asesores jurídicos privados, quienes en coordinación con el Fiscal lograron obtener auto de apertura a juicio oral emitido por el Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 6 del Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente.
Durante la etapa de Juicio Oral, se presentaron algunos inconvenientes por parte de la defensoría pública del acusado, lo que provocó retrasos en las jornadas procesales; finalmente se logró desahogar las pruebas que en su oportunidad fueron aportadas por la Fiscalía.
La audiencia y todo el proceso legal ha sido vigilado y observado por diversas organizaciones civiles que buscan la pena máxima contra Erik Francisco “N”.
Desde la formulación de la acusación, la Fiscalía y la Asesoría Jurídica pidieron la imposición de la pena máxima (70 años) de prisión, penalidad que se espera sea otorgada por el Juez de Enjuiciamiento.
