MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La organización denuncia que las ejecuciones extrajudiciales en la "guerra contra las drogas" del Gobierno del país asiático, en funcionamiento desde que asumiera la presidencia el ahora exmandatario Rodrigo Duterte en junio de 2016, todavía ocurren de manera regular.
Desde el 30 de junio de este año, el cargo de dirigente del país lo ostenta el hijo del expresidente, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr., y se han registrado 72 asesinatos relacionados con las drogas. En agosto, la secretaria de prensa del Gobierno, Trixie Cruz-Angeles, aseguró que la "guerra contra las drogas" continuaría bajo la nueva Administración.
"Los Estados miembros de la ONU no deben dejarse engañar por las afirmaciones infundadas del nuevo Gobierno filipino de que la situación de los derechos ha mejorado repentinamente", ha afirmado la directora en Ginebra de Human Rights Watch, Lucy McKernan.
En este sentido, McKernan ha considerado que "el escrutinio continuo de Filipinas por parte de la ONU es de vital importancia porque los asesinatos de la 'guerra contra las drogas' siguen siendo comunes y la impunidad policial por las violaciones de derechos sigue siendo la norma".
"Los estados miembros de la ONU deben asegurarse de no dejar caer la pelota sobre Filipinas y, en su lugar, fortalecer los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos para mejorar los Derechos Humanos en el país", ha explicado McKernan. "Los filipinos que más sufrieron durante el gobierno de Duterte buscan que el Consejo de Derechos Humanos los ayude a lograr justicia para ellos y sus seres queridos", ha añadido.
HRW ha dirigido un documento informativo sobre el caso filipino a los Estados miembros del Consejo de DDHH, que presentará en la 51 sesión del mismo. El informe, indica un comunicado de la organización, proporciona información actualizada sobre la situación en Filipinas y una evaluación del programa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
McKernan pide que la ONU reconozca esta crisis y adopte una resolución para crear mecanismos ampliados de monitoreo de las violaciones. "Dicha resolución debería hacer un llamamiento al presidente Marcos para que ponga fin de manera inequívoca a la 'guerra contra las drogas'", reza el comunicado compartido por HRW.
En esta línea, la resolución debería instar al Ejecutivo a formar una comisión de la verdad para que las víctimas, testigos y familias presenten sus testimonios, y que el órgano realice recomendaciones para conseguir justicia y reparación.
La ONG pide que el presidente tome medidas inmediatas para mejorar la situación, mientras que ha sugerido que se libere a la exsenadora Leila de Lima, detenida durante más de seis años por cargos falsos de drogas; y que nombre q expertos independientes de DDHH como comisionados del Gobierno para que se investiguen y enjuicien las violaciones de dichos derechos.
