Un juez de Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por falta de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el municipio guerrerense durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Abarca fue arrestado el 5 de noviembre de 2014 y actualmente permanece recluido en el Penal del Altiplano. Al exedil se le acusó de secuestro por la desaparición de los normalistas. No obstante, tras casi ocho años de prisión un juez federal del juzgado de Matamoros determinó que no existe evidencia plena de su responsabilidad en la causa penal 66/2015.
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La absolución fue comunicada el martes 13 de septiembre a la defensa de Abarca, quienes sostienen que las acusaciones en contra de su cliente y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron fabricadas desde las entonces procuradurías de Guerrero, y de la República. Asimismo, se da en el marco de las jornadas de lucha que emprendieron los padres y madres de los 43 normalistas con miras al octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes.
Cabe aclarar que la absolución del exedil vinculado con el caso Iguala no implica su libertad, pues también se le imputan los asesinatos del dirigente de la organización Unida Popular, Arturo Hernández Cardona; y del sobrino de Félix Salgado Macedonio, Justino Carvajal Salgado; así como un cargo por delincuencia organizada, delitos por los que tampoco ha sido sentenciado.
Desde inicios de 2022, familiares y abogados de Abarca Velázquez reportaron que el estado de salud del otrora alcalde de Iguala, está deteriorada por el cáncer de próstata que padece. En julio su hija, Yazareth Abarca Pineda, dio a conocer en su cuenta de Facebook que su padre podría morir por la enfermedad que padece, y reveló que el exedil se había mantenido internado por más 20 días en el Hospital General Adolfo Mateos, en Toluca, Estado de México.
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Gobierno federal lo responsabiliza de dar orden de desaparición
La absolución del juez tamaulipeco contrasta con las recientes revelaciones del gobierno federal, el pasado 26 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló que Abarca, a quien nombró como “A1″, fue uno de los responsables de dar la orden para desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.