CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una jueza de la Corte Suprema de Guatemala fue repuesta el jueves en funciones cuatro años después de ser detenida cuando, disfrazada y armada, intentó evadir su captura por tráfico de influencias en beneficio de su hijo, acusado de corrupción.
La Corte también autorizó el pago de una indemnización a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila por el tiempo no trabajado y se negó a indemnizar a Erika Aifán -una ex jueza premiada internacionalmente y exiliada-, perseguida por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
Rudy Esquivel, vocero de la Corte, informó el regreso a ese tribunal de Stalling Dávila, quien se desempeñará en temas civiles.
Aunque aún no se conoce el monto de su indemnización, por el tiempo que estuvo separada de su cargo y con base en su salario se calcula que sería poco menos de cinco millones de quetzales, unos 650.000 dólares. "La cantidad que se dará no es algo confirmado y al momento de hacerse efectivo el pago a quien se hace de conocimiento es a la persona interesada”, dijo Esquivel.
Por su parte Aifán, que la víspera recibió el Premio a la Independencia Judicial por parte de la Asociación Internacional de Jueces, dijo a The Associated Press que no ha recibido su pago “por un procedimiento disciplinario en mi contra”. La ex jueza se exilió en Estados Unidos en marzo luego de renunciar al cargo.
Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado su alarma por el deterioro del Estado de derecho en países como Guatemala y El Salvador. En Guatemala han señalado una obstaculización a la lucha contra la corrupción y un socavamiento de la democracia.
Durante la administración del presidente Alejandro Giammattei al menos 24 funcionarios judiciales se han exiliado denunciando persecución por sus fallos contra la corrupción y han acusado de criminalización a la Fiscal General María Consuelo Porras, amiga de Giammattei.
Uno de los casos más relevantes es el del exfiscal Juan Francisco Sandoval, premiado a nivel nacional e internacional por su labor anticorrupción, quien denunció que fue destituido en julio de 2021 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por haber recibido información de presuntos actos de corrupción que alcanzarían a Giammattei.
El presidente ha negado las acusaciones y la fiscalía a cargo de Porras no ha avanzado en las investigaciones sobre supuesta corrupción del mandatario.
Stalling Dávila fue denunciada por haberle pedido ayuda para su hijo Otto Molina Stalling al juez que lo investigaba por asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.
En junio el juez Víctor Cruz resolvió cerrar el caso contra Stalling Dávila. La fiscalía apoyó la decisión y no apeló el fallo.
Estados Unidos sancionó a Stalling Dávila, Molina Stalling y al juez Cruz por su vinculación con casos de corrupción y les ha prohibido la entrada. Lo mismo sucedió con Porras y Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI.
