CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014 participaron el lunes en la enésima marcha para exigir justicia esta vez con sentimientos encontrados.
Por un lado el gobierno parece avanzar, pero por el otro retrocede debido a “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”, denunciaron en un manifiesto leído tras la marcha.
“Hay muchas cosas encontradas”, comentó con una rosa en la mano Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que hace ocho años fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado en Guerrero. “A veces nos dan una información, sí vamos a actuar, pero luego patinamos en lo mismo”.
Y lo mismo es la falta de respuestas sobre que pasó realmente esa noche en la localidad de Iguala y cuál fue el destino final de los jóvenes porque el anterior gobierno ocultó la verdad y el actual sólo les ha ofrecido “avances parciales”, dijo Hilda Legideño, una de las mamás al leer el manifiesto.
“Se habla de la muerte de nuestros hijos pero no nos muestran prueba", afirmó. Y es cierto. Sólo se encontraron restos de tres de ellos, uno de Christian Alfonso, el hijo de Rodríguez.
En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de “crimen de Estado” porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubrimiento y ofreció nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.
También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.
Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dieron a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la fiscalía federal — según documentos publicados por el diario El País—, ha indignado a los padres algunos de los cuales pidieron durante la marcha la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
“Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar”, denunciaron en el manifiesto leído sobre una pancarta con la frase “El ejército lo sabe, Ayotzinapa resiste”.
Rodríguez subrayó que se advirtió claramente a las autoridades que si todavía tenían funcionarios del gobierno anterior que los despidan "para que esto pueda avanzar y haya una verdad donde nos convenzan”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana que se investigará esa polémica medida y admitió que “hay diferencias” en esa institución aunque no profundizó sobre ese punto. “Esto no quita que la investigación continúe”, agregó.
El Centro Prodh, la ONG de derechos humanos encargada de representar legalmente a las familias de los estudiantes, calificó ese tipo de actuaciones como muy inusuales y preocupantes. La fiscalía no ha hecho comentarios al respecto.
El punto más delicado sigue siendo el Ejército, la institución contra la que los padres arremeten desde hace ocho años. “Siempre estuvimos señalando a los cuarteles militares y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, insistió Rodríguez.
Por eso las exigencias de verdad y justicia y el grito de “fue el ejército” volvieron a recorrer el centro de la capital, blindada ante la posibilidad de disturbios que fueron menores y esporádicos tras actos más radicales de las últimas semanas.
López Obrador aseguró el lunes en que los militares detenidos deberán asumir su responsabilidad pero sostuvo que “eso no significa que es toda la institución la responsable” y volvió a respaldar a las fuerzas armadas, a quienes ha multiplicado el poder y las funciones en los cuatro años que lleva en el gobierno.
También dijo que el ejército ha colaborado con la investigación del caso aunque los abogados de las familias afirman que ha sido de forma limitada aunque supieron en tiempo real todo lo que sucedía.
El presidente de la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas, dijo además que presuntamente fue el general detenido quien habría ordenado matar a algunos de los muchachos.
El informe de esta entidad, parcialmente tachado, apuntaba a que soldados manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en instalaciones militares de Iguala.
El presidente ha insistido en que se den a conocer el inform íntegro y descartó que la filtración pueda afectar al proceso, como denunciaron los abogados de las familias y el propio Encinas.
El grupo de expertos internacionales que lleva desde 2015 investigando el caso todavía no se ha pronunciado. Los padres afirmaron que será entonces cuando ellos harán un pronunciamiento más firme.
Mientras tanto insistieron en que siguen con fuerza gracias a la gente. “Nos enfermamos, muchos se han ido (fallecieron) y la esperanza está en la sociedad que siempre nos acompaña”, afirmó Rodríguez.
