Los sobreprecios y el acaparamiento de productos son la constante en la zona sur del Estado de México, donde el crimen organizado amaga a los comerciantes y les imponen una especie de “narcoimpuesto” que los obliga a subir sus precios.
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La situación no solo afecta a los tenderos de abarrotes, distribuidores de materiales de construcción, entre otros. De acuerdo con el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, las células de la delincuencia cobran un peso por cada metro de riego a los campesinos.
Es por eso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresó al Congreso local una iniciativa para que se le dote de facultades para perseguir estos hechos ilícitos que terminan afectando a todos: el comerciante y quien paga el narcoimpuesto.
Lo anterior fue reconocido por el sector florícola de la entidad mexiquense a La Silla Rota, cuyas voces se omiten por seguridad. También reconocieron que no han realizado denuncias formales al respecto por temor. Los más afectados son los productores de los municipios de Coatepec, Sultepec, Tenancingo y Luvianos.
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En esta región, el kilo de tortilla se vende en 25 pesos promedio, 140 el de pollo, 160 si es un kilo de pechuga. El huevo lo pagan a 70 pesos por kilo, a 95 pesos la cajetilla de cigarros y hasta 60 pesos por el kilo de limón.
En cuanto a materiales de construcción, algunos comerciantes señalaron (de manera anónima por temor a represalias) que por una lámina pagan hasta 900 pesos, por lo que este rubro simplemente ha dejado de crecer en la zona.
A decir del fiscal, en esta región también han detectado que, por ejemplo, a las casas de materiales se les impone un sobreprecio del 12 % y se obliga a los compradores a adquirir los productos en un negocio determinado. Incluso, se les fuerza a transportarlo con determinados transportistas.
“Si no acatan la instrucción le levantan al director de obra, al maestro o a los trabajadores de la construcción y se convierte en una presión ominosa que nadie puede tolerar”.
Pero no es el único rubro. Este tipo de “impuesto criminal” se ha detectado también para los que venden pollo, huevo y tortillas… y no solo en la zona sur.
Buscan poder para combatirlo
Cervantes reconoció que, si bien no pueden perseguir a los grupos del crimen organizado por delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca que se le dote de herramientas jurídicas para perseguir esta nueva modalidad de extorsión a los comercios.
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La propuesta, que ya ingresó al Congreso del Estado de México, explicó el titular de la FGJEM, es para que se modifique el capítulo de delitos contra la economía del Código Penal estatal, concretamente actividades comerciales.
En ese sentido, se busca que se incluya un apartado que le otorgue facultades a la institución y pueda actuar cuando identifique actividades de acaparamiento comercial, súbito aumento de precios, monopolio de actores comerciales en determinadas áreas y puedan entrar a investigar en los negocios, sin necesidad de esperar una denuncia.
“La penalidad que estamos proponiendo a los señores legisladores es de 6 a 10 años, pero estas conductas prevemos agravarlas cuando participen dos o más personas con tres a siete años y de cinco a 15 años de cárcel si estos individuos se identifican como parte de una organización criminal”, explicó el fiscal.
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Con estas modificaciones se permitiría a la fiscalía mexiquense intervenir esos negocios donde hay sobre precio, detener a los responsables sin necesidad de comprometer a las víctimas que se ven subyugadas y comprometidas a actuar a través de una amenaza o simplemente de una presión que les impide presentar denuncias contra la Fiscalía.
Destacó que, si bien la delincuencia organizada es una expresión de ámbito federal, todos los criminales están organizados y en el segmento en que el Código les permita a las autoridades coordinarse mejor, será más sencillo enfrentar el delito en caso de actividades de este tipo.
